Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Argentina, 2018). En el caso del Brasil, en 2015 se creó por decreto el Consejo Nacional de Política Indigenista
(CNPI), un órgano colegiado de carácter consultivo compuesto por 15 miembros con derecho a voto que
representan al Poder Ejecutivo, 28 miembros que representan a pueblos y organizaciones indígenas (de los
cuales 13 poseen derecho a voto) y 2 miembros con derecho a voto que representan a entidades indigenistas
(Gobierno del Brasil, 2017). El diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas también se establece en
otras instancias. En 2012, por ejemplo, se creó un grupo de trabajo interministerial para promover el diálogo
con los pueblos y las comunidades indígenas con miras a definir una reglamentación de los procedimientos
y de las modalidades de consulta libre, previa e informada, pero aún no se ha logrado un consenso. Por su
parte, diversas organizaciones de pueblos indígenas están avanzando en la elaboración de protocolos y guías
para la aplicación de la consulta que se ajusten a los estándares internacionales (Gobierno del Brasil, 2017).
Costa Rica cuenta con la Directriz 042, Construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, emitida
por el Poder Ejecutivo de 2015, “un mecanismo para garantizar el derecho a la participación y salvaguardar
los derechos de los pueblos indígenas que puedan verse afectados por las decisiones administrativas o
legislativas” (Gobierno de Costa Rica, 2017).
Por su parte, el modelo de gobierno de Guyana facilita la participación de los pueblos indígenas en el
ámbito político con el fin de establecer su desarrollo económico, social y cultural. Sus líderes, elegidos por las
propias comunidades, participan en los principales foros estratégicos, legislativos y de desarrollo nacionales.
En la actualidad el país cuenta con cuatro ministros indígenas, mientras que el 11,7% de los escaños del
Parlamento Nacional están ocupados por personas indígenas. Asimismo, con el fin de promover el autogobierno
dentro de las comunidades indígenas, la Secretaría del Consejo Nacional de Toshaos cuenta con asistencia
financiera del Gobierno para permitir que el Consejo pueda llevar a cabo su mandato de manera efectiva y
promover los intereses de los pueblos indígenas. Los líderes indígenas de las 215 comunidades presentes en
las diez regiones administrativas de Guyana se reúnen cada año, financiados por el gobierno, para debatir con
los ministros de gobierno y otros actores pertinentes cuestiones relacionadas con el desarrollo y la garantía
de los derechos indígenas (Gobierno de Guyana, 2018). En el caso de la República Bolivariana de Venezuela,
desde 2007 existen los Consejos Comunales Indígenas que reciben financiamiento para el desarrollo de sus
propios proyectos económicos y sociales. Asimismo, ocho representantes indígenas, electos de acuerdo con
los principios y las costumbres ancestrales, participan en la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela
(Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2017).
En Guatemala se han fortalecido los equipos técnicos del Ministerio de Energía y Minas para aplicar el
principio del consentimiento previo, libre e informado, así como también el desarrollo metodológico para facilitar
la consulta (Gobierno de Guatemala, 2017). En México, el Consejo Consultivo de la Comisión para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI) aprobó el protocolo para la realización de consultas a pueblos y comunidades
indígenas de conformidad con estándares del Convenio núm. 169 de la OIT, para apoyar la implementación
del derecho a la consulta y la participación de los pueblos indígenas, especialmente de forma previa a la
emisión de permisos, concesiones, licencias o autorizaciones en sus territorios (Gobierno de México, 2018).
El Perú emitió en 2011 la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y en 2012
aprobó su reglamento, así como también otras normas para su aplicación. La consulta es llevada a cabo de
forma obligatoria por el Estado. Entre 2013 y 2017 se han realizado 33 procesos de consulta previa, con la
participación de más de 30 pueblos indígenas, en unas 1.000 localidades indígenas (Gobierno del Perú, 2018).
Estas experiencias se suman a las de otros países de la región. Si bien se reconocen avances significativos,
en la práctica los procesos de consulta se han llevado adelante de forma desigual y en varias ocasiones no han
cumplido con los estándares mínimos, especialmente cuando se trata de proyectos extractivos, forestales
y energéticos en territorios indígenas, lo que ha intensificado los conflictos en la región (CEPAL, 2014). Los
diferentes mecanismos internacionales de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas,
incluidos los relatores especiales, han establecido recomendaciones y orientaciones detalladas para la adecuada
implementación del deber estatal de consulta como procedimiento para respetar el consentimiento libre,
previo e informado de los pueblos indígenas.
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