Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
En 2014, en México también se realizó una reforma político-electoral al artículo 41 de la Constitución y se
incluyó el principio de paridad en el registro de candidaturas al Congreso de la Unión y a los Congresos de los
Estados. Asimismo, en 2016 se publicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, que
ha dado lugar a la emisión de ocho sentencias. En el proceso electoral de 2014-2015 ya se contaba con un
42,4% de diputadas en la Cámara. En el caso de Chile, que en los últimos años había mantenido un porcentaje
por debajo del 16% de mujeres en el Parlamento, los resultados del proceso electoral de 2017 dan cuenta
de un 23,8% de mujeres electas (UIP, 2018), tras la reforma al sistema electoral binominal de 2016 (Ley núm.
20.840) 104 . Esta reforma fue mencionada por el país en su informe como un avance en la legislación, que
incorporó un criterio que exige que las listas de candidaturas al Congreso Nacional tengan no menos de un
40%, ni más de un 60%, de representación de cada sexo 105 .
A nivel local, la participación femenina en los procesos electorales ejecutivos se refleja en el porcentaje
de alcaldesas electas, a partir de las estimaciones disponibles en el OIG. Si se comparan con los avances a
nivel nacional, los progresos en el ámbito local han sido más modestos y lentos, hecho que, como afirma el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “es problemático dado que los cargos subnacionales
han ganado niveles de autoridad política y autonomía fiscal sin precedentes históricos en la región” 106 . Las
tendencias recientes en la región a nivel local son analizadas por el OIG de la siguiente manera:
El promedio de mujeres presentes en las alcaldías equivale, por lo general, a menos de la mitad de las
mujeres que participan a nivel regional en los gabinetes ministeriales, parlamentos y cortes superiores de
justicia. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (19), el porcentaje de alcaldesas electas se
sitúa por debajo del 15%, y el promedio latinoamericano llega solo al 13,4% para el año 2016, cifra levemente
superior a los 12,1% observados en el 2014. Solo dos países de la región superan el 30% (Cuba, con un 39,3%,
y Nicaragua, con un 40,1% de alcaldesas), proporción que habitualmente se considera equivalente a una masa
crítica capaz de generar cambios. Otros dos países, Suriname y Jamaica, se acercan a este umbral, con cifras
por encima del 25% 107 .
La participación de ministras en el máximo tribunal de justicia o Corte Suprema, que está disponible en
el OIG, da cuenta de otro ámbito importante para la participación de mujeres en cargos de alta jerarquía 108 .
En estos puestos, cuando son ocupados mediante sistemas basados en los méritos, las mujeres presentan
porcentajes altos que alcanzan la paridad o se aproximan a ella. Uno de los motivos de estos avances está
asociado con el nivel educacional de las mujeres. En Cuba, el 76% de los jueces y el 77% de los fiscales son
mujeres. De acuerdo con las informaciones disponibles, en otros países ocurre que, aunque se haya avanzado
en la participación de las mujeres en la política, no se ha adelantado tanto en el máximo tribunal de justicia.
En este contexto, en la Argentina se presentó un proyecto de ley de paridad de género en la composición de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo, a pesar de que algunos países todavía están en la búsqueda de la paridad de género en los
espacios públicos, en otros ámbitos se avanza un poco más. Es así que, entre los países que presentan
datos, cuando se toma en cuenta la proporción de mujeres en cargos directivos, como se muestra en el
indicador 5.5.2 de los ODS (indicador E.7 del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo), en 2015
muchos países contaban con alrededor de un 40% de mujeres en puestos de dirección en su trabajo, entre
ellos países donde la participación política es baja 109 . Sin embargo, las tendencias desde 2013 hasta 2015 no
son muy alentadoras y muchos países presentan una tendencia a la disminución de la cantidad de mujeres en
104
Ley núm. 20.840 que Sustituye el Sistema Electoral Binominal por Uno de Carácter Proporcional Inclusivo y Fortalece la Representatividad del Congreso Nacional.
Véase [en línea] https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_ley20840_chl_0.pdf.
105
La garantía de que uno de los sexos tenga un mínimo y un máximo, sin definir qué sexo tendrá el menor o el mayor porcentaje, es un criterio de género, o sea, no
prioriza hombres o mujeres.
106
Véase Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), “Poder local: porcentaje de mujeres alcaldesas electas”, Santiago, Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe (OIG) [en línea] https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-local-porcentaje-mujeres-alcaldesas-electas.
107
Véase Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), “Poder local: porcentaje de mujeres alcaldesas electas”, Santiago, Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe (OIG) [en línea] https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-local-porcentaje-mujeres-alcaldesas-electas.
108
Datos de la CEPAL, sobre la base de información proporcionada por los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer o, en su defecto, información oficial
publicada en línea por el máximo tribunal o la Corte Suprema del Poder Judicial. Véase [en línea] https://oig.cepal.org/es.
109
Véase Naciones Unidas, “SDG Indicators Global Database” [base de datos en línea] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.
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