Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
pensiones, incentivos a las inversiones de la diáspora en Jamaica, reducción de los costos de transferencia de
remesas y seguimiento de la ley contra la trata de personas, entre otras. Varios países de la subregión, además,
muestran interés en aplicar diferentes estrategias para hacer partícipe a la diáspora del desarrollo nacional; por
ejemplo, mediante la inversión, el comercio o la repatriación de calificaciones. San Vicente y las Granadinas
elaboró su política en 2013: la unidad encargada de atender asuntos relacionados con la diáspora, ubicada en
la Oficina del Primer Ministro, trata de desarrollar asociaciones mutuamente beneficiosas entre profesionales
y empresas de la diáspora y organizaciones públicas, privadas y voluntarias en el país (CEPAL, 2018b).
En Cuba, el Decreto Ley núm. 302 de 2012, modificativo de la Ley núm. 1312, “Ley de Migración”, del 20 de
septiembre de 1976, que entró vigor el 14 de enero de 2013, ha modificado sensiblemente el saldo migratorio
externo del país, que durante varias décadas se mantuvo negativo. Esta nueva legislación migratoria recoge
la necesidad de adaptarse a las condiciones actuales de la migración a nivel internacional y garantizar que los
movimientos migratorios continúen realizándose de forma legal, ordenada y segura, propósito manifestado
y perseguido por el Gobierno durante décadas. Asimismo, favorece el regreso y la residencia en el país de
los cubanos y de la familia que hayan formado en el exterior. Estos nuevos inmigrantes, cuando realizan
voluntariamente los trámites de solicitud de repatriación, disfrutan de los mismos derechos que el resto de la
población residente. Cuba informa que las nuevas regulaciones migratorias han posibilitado que los cubanos
viajen más y migren menos. Entre enero de 2013 y diciembre de 2016, alrededor de 761.000 residentes
permanentes han viajado y retornado al país; la mayor parte de ellos, dentro del plazo previsto por la legislación.
Haití informa que tanto el Gobierno como el Parlamento se han mostrado bastante activos en lo que
respecta a la cuestión migratoria a lo largo de los últimos años, lo que refleja la voluntad del Estado haitiano
de mejorar la comprensión, la organización y la regulación del fenómeno migratorio, conforme a una visión
transversal, integrada y coherente con los objetivos de desarrollo nacional y los desafíos internacionales y
regionales. Las acciones emprendidas buscan también canalizar y aprovechar los beneficios que ofrece la
migración a los propios migrantes y a las comunidades que los han visto nacer. El documento de política
migratoria para el período 2015-2030, elaborado a partir de un proceso consultivo, es uno de los documentos
de política oficial sobre esta materia. Dicha política se basa en dos grandes ejes prioritarios: por un lado, el
desarrollo sostenible del país y, por otro lado, el control y la regulación de los desplazamientos al exterior.
En Centroamérica, en las dos últimas décadas, algunos países han ido cobrando fuerza como países de
tránsito de migrantes y solicitantes de refugio de la misma región o de países que se ubican en otras regiones
y continentes, como es el caso de personas que provienen de África y Asia, así como de Haití y Cuba. Esta
situación se suma a la compleja figura de las personas que han retornado, cuya prioridad ha sido manifiesta.
Los Estados han implementado numerosas iniciativas para atender a la población migrante, y hay organismos
internacionales y de la sociedad civil que también hacen esfuerzos por subsanar las carencias del actual
sistema, prestando servicios de ayuda humanitaria, búsqueda de familiares, asesoría y acompañamiento y
representación legal (Canales y Rojas, 2018).
Algunos países, como El Salvador y Guatemala, informan de numerosas iniciativas (aumento de
consulados, creación de consulados móviles y facilitación de la obtención de documentación en el extranjero,
por ejemplo), entre las que destaca la formulación de un código de migración ,como se hizo en Guatemala
en 2016, y han planteado planes nacionales para ofrecer opciones de retención en los países (por ejemplo, a
través de los centros de formación “Quédate”, en Guatemala). En el contexto mayor de los países del norte de
Centroamérica, se han establecido, junto con Honduras, compromisos al respecto, según se desprende de los
informes, como el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que promueve la coordinación y
articulación de acciones entre 2016 y 2020. Honduras informa que desde 2012 cuenta con una norma contra
la trata de personas y que en 2014 aprobó la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familias,
que contiene varias disposiciones relativas a institucionalidad, entre otras materias, y que se complementó
con la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, en que se formalizó la coordinación de la repatriación, la
protección, la reinserción, el seguimiento y el acompañamiento de los menores migrantes no acompañados.
En ese contexto, se informa sobre la creación, en 2016, del Instituto Nacional de Migración.
México informa que cuenta con diversos programas y medidas institucionales, entre los que destaca el
Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), instrumento programático para el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria, en cuya elaboración participaron más de
156