Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Resumen ejecutivo
En relación con la autonomía económica, todavía solo una de cada dos mujeres de la región en edad
de trabajar tiene empleo o lo busca, es decir, es económicamente activa, y las que se integran al mercado
laboral se concentran en sectores de baja productividad y muchas veces en el trabajo precario e informal.
Esta participación laboral en condiciones de desigualdad se refleja a posteriori en un menor acceso de las
mujeres a las pensiones, que además son de menor monto, lo que es particularmente relevante en un contexto
de envejecimiento.
Además, las mujeres continúan acumulando trabajo remunerado y no remunerado de manera muy distinta
a los hombres, lo que afecta directamente sus posibilidades de acceder a puestos de toma de decisiones y
las deja más expuestas a los efectos de las crisis, no solo frente a los problemas económicos del país, sino
también ante los cambios demográficos en la estructura etaria. Como es obvio, su participación en el mercado
laboral depende de los resultados de la economía nacional, que en algunos países ha incidido de manera
positiva —y en otros no— para disminuir las brechas en la participación. Sin embargo, independientemente
de los resultados de la economía, es necesario valorar el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados, como
se ha hecho en un creciente número de países a través de las cuentas satélite de trabajo no remunerado, lo
que además contribuye a hacer frente a los desafíos del envejecimiento poblacional, que constituye uno de
los retos más grandes para los Estados. En esta realidad, abordar las crecientes demandas de cuidado implica
el desarrollo de servicios públicos de calidad que liberen el tiempo de las mujeres cuidadoras y les permitan
así acceder a mejores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, se requiere avanzar en la redistribución
de la carga del cuidado, no solo entre el Estado, el mercado laboral y las familias, sino también en el ámbito
doméstico, entre hombres y mujeres.
En la mayoría de los países, por otra parte, existe una ventana de oportunidad favorecida por la razón de
dependencia demográfica hasta 2035, que, en el caso de avances en la igualdad de género, se ha mostrado
esencial, con la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Sin embargo, a
pesar de que las mujeres son la mayoría de la población y registran aumentos significativos en los niveles de
educación, su participación en el mercado laboral con trabajo decente todavía no es igualitaria, ya que a los
problemas de acceso se suman la persistente brecha salarial y la segmentación laboral, incluso en empleos
formales Es esencial, entonces, aprovechar de manera más amplia el bono demográfico femenino en los
próximos años, contribuyendo a la mejoría de las condiciones de vida de toda la población de la región. La
puesta en marcha de políticas para la ampliación del trabajo decente y la mejora en la productividad requiere
abordar los componentes laborales de manera complementaria y coordinada con las demandas de cuidado,
lo que constituye un área crucial para la igualdad de género.
A los desafíos mencionados se suman los del ámbito de la autonomía física, que, en lo referente a la
violencia de género, es una problemática grave y extendida, que persiste pese a la mayor visibilidad pública y
a la creciente movilización ciudadana en los últimos años, así como a las acciones puestas en marcha por los
Estados. Dichas acciones, de hecho, solo ponen de relieve una parte del problema, pues en esta dimensión aún
se presenta el gran reto de cuantificar el problema de manera adecuada. Frente a esta situación, se requiere
estandarizar las encuestas de violencia contra las mujeres y mejorar los registros administrativos de manera
de poder dar cuenta de este persistente fenómeno. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las acciones
de prevención, atención, protección y reparación de las mujeres afectadas. El bienestar de las sociedades
latinoamericanas será mayor cuanto menores sean las brechas de género en todos los ámbitos. La reducción
de las brechas de género se vuelve especialmente urgente en relación con el femicidio, la expresión más
extrema de violencia y discriminación de género, por la que en la región cada día se siguen perdiendo vidas
de mujeres por muertes evitables.
La igualdad de género y la autonomía de las mujeres como objetivos de las políticas de desarrollo requieren
desmontar estructuras sociales que están en el centro de la desigualdad en América Latina y el Caribe. Por
ello, tanto en el Consenso de Montevideo como en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se aborda la
igualdad de género como un objetivo específico, a la vez que se plantea un enfoque que permea el conjunto de
los acuerdos, lo que se refleja en las distintas temáticas analizadas en este informe. Asimismo, es necesario un
abordaje integral de los distintos ámbitos en que se expresa la desigualdad de género, con acciones públicas
coordinadas y sinérgicas que superen las dificultades que plantea el trabajo intersectorial.
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