Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
las comunidades y la actividad económica de los países; por tanto, es clave contar con políticas de prevención
de desastres como parte de las políticas públicas para el desarrollo sostenible (CEPAL/UNICEF, 2017).
En varios estudios se señala que, entre los factores que contribuyen a la ocurrencia de desastres, están el
crecimiento de la población, la expansión urbana hacia áreas no aptas para la edificación, la sobreexplotación
de recursos naturales, la creciente degradación del medio ambiente y, probablemente, los efectos del
cambio climático. Esto ha incidido en que las pérdidas humanas y económicas causadas por los desastres
se hayan incrementado en las últimas décadas. Hay consenso en la región respecto de la importancia de
la cooperación para mitigar los impactos de los desastres naturales. En efecto, este es un tema de suma
relevancia si se tiene en cuenta que los desastres naturales han costado a la región, en la década de 2010,
más de 115.000 millones de dólares, es decir, más del doble que en la década anterior, con mayor impacto
en el Caribe y Centroamérica 138 .
Por lo tanto, la adopción de medidas de mitigación de índole económica y social, en especial para disminuir
la exposición de la población y recuperar la infraestructura, el empleo y los activos productivos y patrimoniales
dañados, se torna cada vez más necesaria (CEPAL, 2016a). Los países de la región reconocen que el tránsito de
las amenazas a los desastres está lejos de ser un proceso exclusivamente natural; se vincula con la actividad
humana y depende de condicionantes sociales.
El creciente nivel de riesgo y exposición a desastres, especialmente de grupos poblacionales vulnerables 139 ,
no siempre es percibido como un riesgo real por gran parte de la población, lo que deriva en una baja movilización
política para demandar medidas inmediatas por parte de los Estados y asumir los costos económicos necesarios
para robustecer la protección ante la ocurrencia de estos eventos. En el recuadro III.5 se mencionan los
instrumentos que se utilizan actualmente para proteger a la población vulnerable frente a situaciones de
desastre en América Latina y el Caribe. Entre ellos se incluyen las transferencias monetarias a las familias,
los programas de empleos públicos y los microseguros (CEPAL, 2016a).
Los huracanes —como Irma, José y María— y las tormentas tropicales amenazan al Caribe con creciente
intensidad. Si bien los huracanes no son inusuales en las regiones tropicales, la frecuencia e intensidad de las
tormentas más recientes están empeorando con el cambio climático, lo que provoca efectos devastadores
en el Caribe y hace de esta región una de las más vulnerables del planeta. Los desastres afectan los medios
de vida de las comunidades y su potencial económico, por lo que es imprescindible, desde la perspectiva
del desarrollo sostenible, integrar las políticas de prevención de desastres en las políticas nacionales de
desarrollo (CEPAL, 2018b, pág. 65). Los efectos del cambio climático amenazan la resiliencia de los países en
lo que respecta a la biodiversidad, la protección de las costas, la seguridad hídrica y energética y la seguridad
alimentaria, entre otras áreas. Los arrecifes de coral y los manglares siguen estando en peligro y desempeñan
un papel vital en la resistencia y el bienestar de muchas comunidades insulares.
Según datos de la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, países como Suriname (donde casi
el 70% de la población vive por debajo de los 5 metros sobre el nivel del mar), Guyana o Antigua y Barbuda
son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, no solo debido al aumento del nivel del
mar, sino también por el aumento de los riesgos para la población expuesta a otros fenómenos climáticos
extremos que afectan a las zonas costeras (OARPMA, 2015). De hecho, la mayor parte de las comunidades, la
infraestructura y las actividades económicas de los pequeños Estados insulares en desarrollo se encuentran
en zonas costeras bajas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA,
2008), aproximadamente el 70% de la población del Caribe vive en zonas costeras. Además, a medida que
las poblaciones crezcan, y a esto se sumen los efectos del cambio climático, la reubicación en terrenos
más elevados o más allá de las fronteras nacionales se convertirá en un gran desafío. Por lo tanto, no es
sorprendente que el análisis de la información proporcionada en los informes nacionales voluntarios revele
el creciente interés en estas cuestiones y la continua elaboración de políticas y programas ambientales y
de reducción del riesgo de desastres para apoyar a los países del Caribe en el desarrollo de la resiliencia y la
adaptación al cambio climático (CEPAL, 2018b, pág. 66).
138
Véase Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Desastres naturales, tema discutido en la IV Cumbre de las Américas”, Santiago,
21 de marzo de 2012 [en línea] https://www.cepal.org/es/notas/desastres-naturales-tema-discutido-en-la-vi-cumbre-de-las-americas.
139
Entre estos grupos vulnerables se encuentran los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad.
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