Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
los derechos humanos de las personas migrantes, se incluyen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, de 2014, y su reglamento, de 2015; la Ley General de Victimas, de 2013, y sus reformas; la Ley
de Migración, de 2011, y su reglamento, de 2012; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de 2012,
y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de 2011, y su reglamento, de 2012.
En cuanto a la trata, Perú menciona la estrategia que desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores
en coordinación con la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes, que consiste en suscribir acuerdos internacionales para establecer cinturones
de protección jurídica frente a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y los delitos conexos. Esta
estrategia ha permitido que, hasta la fecha, el Perú haya firmado acuerdos binacionales sobre la trata de personas
—y, en algunos casos, sobre el tráfico ilícito de migrantes— con Colombia, Bolivia (Estado Plurinacional de), el
Ecuador, Chile y la Argentina. Además, el país cuenta con la Dirección de Investigación de Trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú. La atención y protección de las víctimas se lleva a
cabo a través de una intervención multisectorial, tal como lo establece la Ley núm. 28950, su reglamento y el
Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración
de Víctimas de Trata de Personas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo la
elaboración del Plan de Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.
El Ecuador cuenta con el Plan Nacional para la Erradicación de la Trata y el Tráfico de Personas mediante el
cual se pretende erradicar toda forma de trata y tráfico con fines de explotación sexual y laboral, y se procura
la reinserción social de las víctimas 123 .
La Argentina informa que ha ampliado el alcance de las medidas destinadas a promover la protección
y promoción de los derechos de las personas migrantes. En términos institucionales, la Dirección Nacional
de Migraciones (DNM) cuenta con un área específica de Coordinación Interinstitucional y de Protección de
Derechos, un Área de Servicio Social y una Mesa de Intercambio Institucional, desde la cual se generan
canales permanentes de comunicación entre las diferentes partes relacionadas con la temática migratoria.
Los objetivos de esta Mesa son afianzar un espacio de articulación entre los diferentes actores para lograr
mayor eficacia en el desarrollo de programas y políticas, fortalecer las relaciones con los diferentes actores
de interés y consolidar los mecanismos o protocolos de prevención y protección de las personas víctimas
de trata y tráfico.
El Paraguay se refiere a la promulgación, en 2012, de la Ley núm. 4.788 Integral Contra la Trata de Personas
que, además de tipificar la trata en general, incorpora la persecución de la trata interna en las zonas rurales
y urbanas. En el marco de esta Ley, se aprobó la Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de
Personas en el Paraguay 2010-2019, mediante el Decreto núm. 8.309/2012, y se diseñó el Plan Nacional para
la Prevención y Combate a la Trata de Personas (2014-2018).
Cabe destacar que en muy pocos informes se hace referencia a problemáticas e iniciativas de este capítulo
en relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes (sí lo hacen el Estado Plurinacional de Bolivia y
el Ecuador), por lo cual, en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de
América Latina y el Caribe, celebrada en Lima en 2018, los representantes de la sociedad civil hicieron ver la
necesidad de transversalizar los asuntos indígenas y afrodescendientes en el análisis de las medidas prioritarias
de cada capítulo. Por ejemplo, la Vicepresidenta del Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ),
Tarcila Rivera Zea, señaló que las alrededor de 25 millones de mujeres indígenas de la región eran invisibles
en los informes (Rivera, 2018, págs. 1 y 2).
En general, los países de la región muestran un alto nivel de ratificación de convenios internacionales que
hacen referencia a los derechos humanos y, por lo mismo, cabe alentar la adhesión generalizada de todos
ellos, en especial a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares. Como se muestra en el gráfico III.24, es muy masiva la ratificación de varios
instrumentos, pero la de otros sigue en gran medida pendiente. Las ratificaciones son relevantes por varias
123
Véase [en línea] http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/9059.plan_nacional_trata.pdf.
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