Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Resumen ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Humanos (ONU-Hábitat), que incluyen varios aspectos que se tratan en el capítulo G, en especial por cuanto
en ellas se considera que para asegurarse de no dejar a nadie atrás es necesario poner fin a la pobreza en
todas sus formas y dimensiones, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, mejorar la habitabilidad,
la educación, la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud y el bienestar, promover la seguridad y eliminar la
discriminación y todas las formas de violencia, garantizar el acceso seguro y equitativo a la participación pública,
y facilitar el acceso equitativo para todos a la infraestructura física y social y los servicios básicos, así como a
una vivienda adecuada y asequible. El tercer tema se relaciona con las materias ambientales y los desastres
socioambientales, e incluye el seguimiento al cumplimiento de la medida prioritaria 82, que hace referencia a
los desastres ocasionados por eventos naturales y socioambientales, y la medida prioritaria 83, que se refiere
a la explotación de los recursos naturales. Aquí nuevamente convergen la Agenda 2030, la Nueva Agenda
Urbana y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Las consideraciones que
se realizan están asociadas principalmente con la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio
climático y la mitigación de sus efectos en los procesos de planificación y ordenación territorial y urbana, en
los que se tendrán en cuenta las especificidades de edad y género.
Desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se ha constatado que el
territorio es un factor estructurante de la desigualdad en la región y que hay una clara desventaja de la población
rural en la mayoría de los indicadores de bienestar social. La población rural aparece sistemáticamente en
desventaja, aunque se observa una mejora en la proporción de hogares que cuentan con acceso a servicios
básicos. Ello evidencia un persistente déficit de acceso a derechos básicos de los territorios más postergados.
Las acciones, políticas y programas que los Estados han implementado respecto del financiamiento y la
mejora de la infraestructura en materia de agua y saneamiento han sido importantes, pero no suficientes, pues
las brechas de acceso a estos servicios siguen existiendo y reproducen las desigualdades en el ingreso y entre
áreas rurales y urbanas, e incluso dentro de las mismas ciudades (CEPAL, 2018b). La situación de los países
que presentan los porcentajes más bajos de disponibilidad de agua potable, sobre todo en las áreas rurales,
pone de relieve que el agua es una necesidad acuciante y que los Gobiernos deben implementar programas
para su provisión; más aún, si se considera el acceso a agua potable como un derecho de la población, los
Estados deben cubrir pisos mínimos y fijar planes de acción encaminados al acceso pleno a este recurso.
La segregación urbana, como expresión espacial de la desigualdad, desencadena la existencia de bolsones
de pobreza e inequidad en el acceso a la vivienda, a los servicios públicos y a una adecuada infraestructura
urbana (CEPAL, 2014; Montero y García, 2017). Una expresión de esta realidad son los tugurios. Si bien
América Latina y el Caribe presenta porcentajes de población que vive en tugurios inferiores a otras regiones
en desarrollo, existe heterogeneidad entre los países de la región.
En el período que se analiza, los Estados han implementado diversas acciones, entre las que se destacan
los programas habitacionales para favorecer el acceso a viviendas dignas y barrios con infraestructura de
servicios básicos. Uno de los objetivos de estas acciones es que las personas dejen atrás los tugurios gracias
a la obtención de soluciones habitacionales por medio de relocalizaciones, procurando aplicar estrategias
integrales que contemplen el cierre de estos lugares, en coordinación con entidades públicas y privadas.
Otras acciones han ido en la línea de dar una solución habitacional adecuada con obras de accesibilidad y
condiciones necesarias para atender a diversos grupos de población (personas con discapacidad, personas
mayores o personas vulnerables). Con todo, los Estados deben seguir avanzando hacia la implementación de
políticas de desarrollo urbano que consideren la inclusión de grupos vulnerables para hacer viables las acciones
integradas en las distintas escalas de la trama urbana, considerando diferentes fuentes de financiamiento.
Teniendo en cuenta que los desastres naturales constituyen una barrera importante para la reducción de
la pobreza y la disminución de la desigualdad socioterritorial, sobre todo en los países en desarrollo, donde se
cuenta con menos recursos para atender oportunamente las consecuencias de dichos eventos, es necesario
que los países realicen esfuerzos por centrarse más en la prevención de los desastres, así como en la
reducción y la transferencia de riesgos, a través del uso de instrumentos de financiamiento y de la vinculación
del sector privado a la gestión del riesgo de desastres. Deberían, asimismo, actualizar sus políticas y mejorar
la integración entre los organismos que se encuentran ubicados en los niveles central y subnacional de los
respectivos Gobiernos, e invertir para reducir, retener y transferir estos riesgos (CEPAL, 2016).
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