Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
personas afrodescendientes originarias de los quilombos, debiendo el Estado emitirles los títulos respectivos
(art. 68 de las Disposiciones Constitucionales Transitorias) y resguardar sus documentos y sitios históricos
(art. 216, párr. 5º).
Al establecerse el Consenso de Montevideo en 2013, algunos países de la región ya poseían una extensa
legislación orientada a las personas afrodescendientes, entre los cuales destacaban el Brasil, Colombia y el
Ecuador. Costa Rica, Honduras y el Perú contaban con una legislación menos abundante pero relevante, en
tanto países como Guatemala y Nicaragua poseían poca legislación orientada a las personas afrodescendientes,
pero una extensa legislación antidiscriminación. Finalmente, entre los países que no contaban con legislación
dirigida a las personas afrodescendientes, pero sí con legislación antidiscriminación, se encontraban, por
ejemplo, la Argentina, Cuba, México, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). En 2012, se promulgó
en Chile la Ley núm. 20.609, que establece medidas contra la discriminación, incluida aquella fundada en
motivos de raza o etnia.
En los informes nacionales se constatan avances en algunos países, como en Costa Rica, que, en 2015,
mediante la Ley núm. 9305, reformó el artículo 1 de la Constitución Política para establecer el carácter
multiétnico y pluricultural del país, lo cual refuerza el reconocimiento de la afrodescendencia en diversos
instrumentos de política pública. Asimismo, con la intención de cumplir los objetivos del Decenio Internacional
de los Afrodescendientes (Directriz núm. 022P, de 2015), el Gobierno emitió el mandato de que las instituciones
públicas formularan políticas para cumplir lo planteado en el programa de actividades del Decenio Internacional
de los Afrodescendientes, según el ámbito de sus competencias (Gobierno de Costa Rica, 2017). En 2015,
Chile se sumó también a la promoción del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y, en el ámbito de
la OEA, suscribió la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas
de Intolerancia (Gobierno de Chile, 2018). El Uruguay, por su parte, informa que ratificó dicha Convención
en 2017 (Gobierno del Uruguay, 2017).
En Guatemala, se reconoce la pertenencia de las personas garífunas (afroindígenas) al pueblo garífuna,
en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, por lo que los avances mencionados en la sección III.H
de este documento son aplicables a este grupo. Por otra parte, en 2016 se presentó una iniciativa ante el
Congreso de la República con el fin de aprobar la Ley de Reconocimiento del Pueblo Afrodescendiente Creole
en Guatemala (Gobierno de Guatemala, 2017). En México, en 2016, se presentaron en el Senado de la República
dos iniciativas con proyecto de decreto para reformar la Constitución, a fin de lograr el reconocimiento de los
pueblos y las comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación y de sus
derechos colectivos (Gobierno de México, 2018). El Perú ha progresado significativamente en lo que se refiere
a la legislación relativa a la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes. Ejemplo de ello es el
Decreto Supremo núm. 004 de 2015, que declara de interés nacional la atención prioritaria respecto del pleno
disfrute de los derechos fundamentales por parte de la población afroperuana, con el objeto de fortalecer su
desarrollo e inclusión social, durante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Según este Decreto,
todos los sectores y niveles gubernamentales deben formular e implementar programas, proyectos y acciones
encaminadas a alcanzar el fortalecimiento de los derechos fundamentales de la población afroperuana, con
una visión de inclusión social, y la participación plena de esta población en todos los aspectos de la sociedad
peruana (CEPAL, 2017b).
Otros países se encuentran en una etapa más incipiente de reconocimiento e inclusión de las personas
afrodescendientes. Por ejemplo, El Salvador menciona en su informe nacional que la agenda pendiente con
esta población es amplísima y enfatiza su compromiso de cumplir las medidas prioritarias del Consenso de
Montevideo (Gobierno de El Salvador, 2017). En el caso de la Argentina, el Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en su visita
de 2016, observa con reconocimiento los programas ejecutados por el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) para promover la rectificación y la reparación históricas de la comunidad de
afrodescendientes, pero señala que esta continúa siendo invisibilizada por la sociedad argentina en general
(Naciones Unidas, 2017b).
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