Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
el Estado de Chile (Gobierno de Chile, 2017). Tras un proceso de consulta, se sistematizaron las propuestas
que se incorporarían en las bases ciudadanas. Si bien esta experiencia constituye un precedente importante
para la región, el proceso no estuvo exento de algunos puntos de desencuentro entre los pueblos indígenas y
el Gobierno en relación con asuntos cruciales para dichos pueblos, como la libre determinación, los derechos
territoriales, la plurinacionalidad y el consentimiento libre, previo e informado 142 .
Un logro en materia de derechos de los pueblos indígenas en México ha sido la aprobación, en 2017, de
la Constitución Política de la Ciudad de México, que incluye un capítulo denominado “Ciudad Pluricultural”
(cap. VII), en el que se reconoce la composición pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la ciudad, así como
los derechos de los pueblos indígenas y originarios (arts. 57, 58 y 59). Además, el reconocimiento de los
pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes como sujetos de derecho público
con personalidad jurídica y patrimonio propio representa un progreso con respecto a la Constitución Federal
(Ciudad de México, 2017).
A la par de los avances constitucionales, los pueblos indígenas han ido posicionando sus derechos en
las legislaciones y la institucionalidad de los Estados, en diferentes ámbitos y con diversos alcances en cada
uno de los países de la región. En 2013, con la excepción del Uruguay, todos los países de América Latina
con pueblos indígenas (16 países) contaban con instituciones a cargo de los asuntos de estos pueblos. Con
respecto a los países del Caribe, en Guyana, por ejemplo, existe el Ministerio de Asuntos de los Pueblos
Indígenas. En términos generales, estas instituciones orientan su accionar a promover, proteger y contribuir
al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el panorama regional es heterogéneo, de
acuerdo con la fecha de creación de la institución pertinente, el nivel de participación política de los pueblos
indígenas y la jerarquía institucional alcanzada (CEPAL, 2014; Del Popolo, 2018). En la actualidad, la mayoría
de las instituciones vinculadas a los pueblos indígenas se ubican en una jerarquía intermedia en la que, aun
cuando no cuentan con rango ministerial, mantienen una dependencia directa respecto de algún ministerio
y poseen cierto grado de autonomía.
Mientras que en algunos países se observan ciertos retrocesos —como cuando una institucionalidad
con rango ministerial se reemplaza por otra de nivel inferior, cuando se limita el rango de acción o cuando se
reduce el presupuesto—, en otros se advierten avances, aunque no siempre se manifiesten de manera lineal.
En la Argentina, en 2016, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que dependía del Ministerio de
Desarrollo Social, pasó a depender de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, reforzando la consideración de las comunidades como sujetos de derechos
(Gobierno de la Argentina, 2018). Si bien dicho cambio fue acompañado por un incremento presupuestario 143 ,
este podría resultar insuficiente para el desarrollo efectivo de las funciones del INAI, como señala el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial en sus observaciones realizadas al país en 2017 (Naciones
Unidas, 2017a). En Chile existe desde 1993 la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que
depende del Ministerio de Desarrollo Social. En enero de 2018, el Senado aprobó el proyecto de ley que crea
el Ministerio de Pueblos Indígenas, iniciativa que busca reformar la institucionalidad indígena junto con el
Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, entidades autónomas, representativas, participativas
y de consulta (actualización, sobre la base del Informe nacional de Chile, Gobierno de Chile, 2017) 144 . Por otra
parte, en su informe nacional, Guyana da cuenta de un incremento significativo (2,7 veces más) del presupuesto
asignado al Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas entre 2013 y 2018, lo que también se refleja en
un aumento del peso relativo sobre el total del presupuesto público (del 0,4% al 0,8%).
Si bien en una primera etapa del desarrollo institucional el esfuerzo se dirigió a crear instituciones especializadas
en el tema de los pueblos indígenas, en las últimas dos décadas el desafío ha sido transversalizar los asuntos
indígenas y profundizar la articulación intersectorial entre diversas instancias (ministerios, departamentos,
divisiones y unidades, entre otras). En la mayoría de los países se han registrado avances, en mayor o menor
142
Véanse más detalles en Ministerio de Desarrollo Social de Chile (2017). Actualmente se está a la espera de que el nuevo Gobierno electo en 2017 (que asumió
el poder en marzo de 2018) decida sobre el mecanismo constituyente para discutir el proyecto de una nueva Constitución.
143
En su informe nacional, la Argentina señala que, entre 2012 y 2017, se produjo un aumento importante del gasto público asignado al INAI. Sin embargo, en términos
porcentuales, se observa una caída en relación con el gasto total en este mismo período (Gobierno de la Argentina, 2018).
144
Véase [en línea] https://www.gob.cl/noticias/proyecto-que-crea-el-ministerio-de-pueblos-indigenas-fue-aprobado-por-unanimidad-en-sala-del-senado/.
201