Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Gráfico III.28
América Latina y el Caribe (31 países): niveles medios anuales de partículas finas (PM2.5) en las ciudades,
ponderados por la población, 2012
(En microgramos por metro cúbico)
América Latina y el Caribe
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia (Est. Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
San Vincente y las Granadinas
Santa Lucia
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela (Rep. Bol. de)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Población urbana
Población total
Fuente: Naciones Unidas, “SDG indicators global database” [base de datos en línea] https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.
Entre 2013 y 2018, los países de la subregión han tomado algunas medidas para disminuir sus niveles de
contaminación. Una de ellas es incluir en la medición los niveles de partículas finas (PM2.5), que no siempre se
medían o solo se medían en algunas ciudades. También han aumentado las estrategias de descontaminación a
nivel nacional o de manera específica en ciertas ciudades más contaminadas, que incluyen medidas de prevención
y mitigación. Entre las medidas generales que algunos países 140 de la región han adoptado para disminuir la
contaminación atmosférica en ciudades están: i) la restricción a la circulación de vehículos; ii) incentivos a la
compra de vehículos híbridos y eléctricos; iii) la prohibición del uso de combustibles sólidos para cocinar o para
calefacción en ciertas ciudades; iv) la promoción del uso de bicicletas mediante la construcción de ciclovías
y estacionamientos para bicicletas, y v) el aumento de las áreas verdes.
140
A continuación, se enumeran algunos ejemplos. En 2017, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Código Orgánico del Ambiente (COA), cuyo objetivo es
garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y equilibrado desde el punto de vista ecológico, así como proteger los derechos de la naturaleza
para el ejercicio del buen vivir o sumak kawsay, con el fin de asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y restauración del ambiente (Gobierno
del Ecuador, 2017). En tanto, en Colombia, a través de la Política Nacional de Cambio Climático (aprobada en 2015), se incorpora la gestión del cambio climático
en las decisiones públicas y privadas para avanzar por una senda de desarrollo resiliente frente a los efectos del clima y baja en carbono, que reduzca los
riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que este genera. La política considera primordial adoptar una visión territorial, que valore
articuladamente iniciativas sectoriales de desarrollo, como base para lograr una gestión del cambio climático acertada y efectiva (Gobierno de Colombia, 2018).
En Chile, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, instrumento articulador de toda la política pública relacionada con el cambio climático, tiene
como objetivo principal hacer frente a los desafíos que plantean a corto y mediano plazo los efectos del cambio climático en el territorio nacional y promover la
implementación de los compromisos adoptados por Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Se estructura
en torno a cuatro ejes de acción: adaptación, mitigación, medios de implementación y gestión del cambio climático a nivel regional y comunal. Cuba informa que,
en la Ley núm. 81 del Medio Ambiente, se estableció como instrumento de política ambiental no solo la legislación ambiental —considerada como tal también
por la Estrategia Ambiental Nacional—, sino, además, todos los elementos que conforman la gestión ambiental, entre los cuales se encuentran la prevención y
la educación ambiental. El Perú informa que, en el marco de su contribución al desarrollo urbano sostenible, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
ha implementado el proyecto TRANSPerú NAMA de Transporte Urbano Sostenible, con el objetivo de aplicar políticas claves que promuevan la transformación
del sector de transporte urbano en un sector bajo en carbono, así como la mitigación del cambio climático.
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