Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Resumen ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
F. La migración internacional y la protección de los
derechos humanos de todas las personas migrantes
El propósito de este capítulo y sus diez medidas prioritarias concierne al abordaje de todos los asuntos de la
migración internacional en las normativas, políticas y acuerdos entre países desde una perspectiva de largo
plazo, centrada en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, lo que conlleva tanto
la lucha contra la xenofobia y la discriminación, como la erradicación de la irregularidad, la trata de personas y
el tráfico de migrantes. Destaca además la inclusión del refugio y la formulación de respuestas humanitarias.
Todas estas temáticas y las acciones que requieren se plantearon sin distinción de condición y de estatus
migratorio, y sus fundamentos estriban en el derecho internacional de los derechos humanos. Los países
aprobaron estas directrices, emanadas de la convicción de que este principio rector es un valor de la región.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se aprobó antes de la Declaración del Diálogo
de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada en octubre de 2013, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y las definiciones y objetivos del proceso de consultas y negociaciones sobre el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se inició en 2017 y culminó con la aprobación
del Pacto en 2018. Sus medidas prioritarias son claramente precursoras de las agendas mundiales y la región
tiene en ellas una fortaleza que mostrar y un propósito que cumplir.
Desde el punto de vista de los logros conseguidos en el Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, hay situaciones disonantes. Los países tienden a resaltar más avances que desafíos, pero es
importante debatir si esos avances en materia de protección de las personas migrantes en los países de la
región son verdaderos y si, efectivamente, se pueden imputar a este instrumento o, por el contrario, falta
aún un horizonte temporal para evaluar las acciones. Por lo menos, la sensibilización lograda es valiosa y
los países aceptaron reconocer que las políticas bien gestionadas son las que se basan en el enfoque de
derechos humanos. Asimismo, el cuadro general de desprotección de las personas migrantes sigue siendo
preocupante, y son múltiples los ejemplos en los diversos corredores migratorios que así lo demuestran, como
las emergencias llamadas humanitarias planteadas por las caravanas migratorias, la migración venezolana hacia
distintos territorios, las deportaciones, la problemática de la niñez y la adolescencia migrante o los flujos mixtos.
Como línea de base, en su formulación original en 2013, las medidas prioritarias fueron concebidas de cara
al Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. En dicha reunión se expresó
el compromiso de trabajar a favor de la protección de las personas migrantes y la facilitación de la migración,
lo que indicaba el surgimiento de una respuesta mundial frente a las enormes problemáticas que enfrentan
dichas personas y el desafío de los Estados para atenderlas. Como la resolución carecía de un plan de acción y
de iniciativas de monitoreo y seguimiento, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se instaló
a nivel regional como una opción de mucha relevancia, puesto que en él se reconocieron tempranamente
las problemáticas de la niñez y la adolescencia migrantes, y de las mujeres en las distintas fases del proceso
migratorio, las vulnerabilidades que los ciclos migratorios imponen a las personas (como el retorno forzado
y el tránsito, dos aspectos en expansión) y las necesidades apremiantes de inclusión y protección social de
los inmigrantes y emigrantes, las personas en tránsito y deportadas, las víctimas de trata y los menores no
acompañados, entre otros aspectos.
Estas mismas situaciones han ido ganando visibilidad y los Gobiernos de la región realizan enormes
esfuerzos por encararlas. En esta tarea, es necesario mantener el ímpetu desplegado en la aplicación de
algunas de las medidas, como se desprende de los informes nacionales disponibles, y emprender esfuerzos
especiales en relación con aquellas rezagadas y frente a las situaciones de emergencia antes señaladas.
El capítulo F del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contiene muchos desafíos para
los países. Cualquiera sea el caso, hay grandes tareas por delante. Se trata de que los países aseguren la
creación y el mantenimiento de garantías para responder a la necesidad de disponer de políticas y normativas
nacionales que se consoliden a largo plazo, tanto para la continua adecuación de la institucionalidad existente
(con ejes como la intersectorialidad y la existencia de sistemas nacionales de migración) como para la creación
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