Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
4. Conclusiones
Desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, se han logrado avances
importantes en cuanto a las medidas prioritarias relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Como se manifestó al inicio del informe, los cinco años de implementación no han sido un período favorable
desde el punto de vista económico y político en algunos países, lo que ha impuesto un desafío aún mayor en
lo que respecta a la agenda de derechos y, principalmente, a los adelantos necesarios para lograr el acceso
universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.
En cuanto a la salud sexual, la prevención y el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor,
principalmente del VIH/sida, han progresado más lentamente que lo esperado. Hubo avances para alcanzar el
objetivo 90-90-90 tal como fuera acordado por los países. Se logró, sobre todo, un nivel elevado de supresión de
la infección en personas sometidas a tratamiento, pero hay grupos entre los que la adherencia al tratamiento es
más baja, como las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas y los hombres homosexuales y otros
hombres que tienen sexo con hombres. Tampoco se ha avanzado como se esperaba en lo que respecta a los
niveles de detección, sobre todo en los países del Caribe. La buena noticia es que hubo una eliminación casi
total de la transmisión de madre a hijo. Por otra parte, hay un gran desafío por adelante: integrar la prevención
y el tratamiento de las infecciones del aparato reproductor, incluido el VIH/sida, con otros servicios de salud
sexual y reproductiva.
El acceso a la planificación familiar ha mejorado, principalmente gracias al incremento del uso de métodos
anticonceptivos modernos y la ampliación del abanico de métodos disponibles, lo que ha permitido que la
demanda satisfecha aumentara. Sin embargo, la planificación familiar es una actividad continua, que no
se puede menoscabar en ninguna situación económica, política o social, pues la falla anticonceptiva es un
incumplimiento de derechos que tiene graves consecuencias para las personas y la sociedad. También forman
parte de la planificación familiar los servicios de concepción para la población que necesita de la tecnología
de la reproducción asistida, que es muy incipiente en casi todos los países. Sigue planteado entonces el gran
desafío de mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar y la calidad de estos, para disminuir la
cantidad de embarazos no deseados mediante un uso más apropiado de los métodos anticonceptivos y para
permitir embarazos deseados utilizando métodos conceptivos adecuados. Los métodos deben ser oportunos
y eficaces en relación con cada segmento poblacional dadas sus especificidades, y se deben tener en cuenta
las diferencias generacionales, la diversidad y la interculturalidad. En particular, son esenciales las acciones
que promuevan la ampliación de los servicios y la información, en las que se reconozcan las necesidades de
las personas adolescentes y jóvenes en todos los países, frente a la alta incidencia de fecundidad temprana,
como se expuso en la sección B.
La oferta de medios que permitan implementar las preferencias reproductivas de la población, desde la
prevención del embarazo no deseado hasta la atención calificada durante el período prenatal y en el parto, es
esencial para disminuir la morbilidad y mortalidad materna, que aún es muy alta en la región. Los indicadores
muestran una mejora continuada en el acceso a las consultas prenatales y al parto atendido por personal
calificado, pero estos niveles elevados de acceso no son compatibles con la alta mortalidad materna presente
en la mayoría de los países de la región. Dicha mortalidad está en parte vinculada a la calidad de los servicios
que se brindan en el período prenatal y en el parto, así como también a la atención de la interrupción voluntaria
del embarazo. Queda así el gran desafío de ampliar el acceso a los servicios de reducción del daño en caso de
complicaciones por aborto inseguro, así como de ampliar los servicios de información y atención de calidad
que se prestan durante el período prenatal y en el parto a toda la población, principalmente a la que vive en
situaciones de pobreza y en territorios de difícil acceso, y a la que sufre cualquier tipo de discriminación.
Tanto el acceso a la información adecuada y oportuna como la provisión de servicios libres de discriminación
pasan por ofrecer educación integral para la sexualidad en la formación de los individuos y, en general, a lo
largo de todo el curso de vida. En estos cinco años de implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, se han observado pocos avances, como se mostró en la sección B, por lo que este
es uno de los mayores desafíos en la región. Es una política que, si se implementa bien, incide en todos los
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