Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Resumen ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
C. Envejecimiento, protección social
y desafíos socioeconómicos
En el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los países reconocieron la inminente necesidad
de replantear la protección social para que responda a las consecuencias de las transformaciones demográficas
y, a su vez, anticipe las respuestas a las demandas de una población en proceso de cambio. Para ello acordaron
15 medidas prioritarias sobre envejecimiento y protección social (medidas prioritarias 18 a 32). Entre los temas
incluidos se destacan la participación, la seguridad social, la educación, la salud, el cuidado, la muerte digna,
el trabajo, la violencia, la discriminación y el ahorro.
En la vejez, la protección social incluye la integración de tres pilares básicos: pensiones, atención básica de
salud y servicios sociales para la autonomía. En conjunto, los tres actúan para suplir brechas de protección y
desarrollar capacidades. Los pilares de pensiones y salud corresponden a mínimos sociales que deben operar
como piso de la protección social, el cual debe ser garantizado directamente por el Estado. Los servicios
sociales para la atención de la autonomía, por su parte, operan en los planos de la prevención y reparación,
que deben asumirse como una responsabilidad pública y sostenerse por medio de una red de protección que
enlaza el piso mínimo de seguridad social y atención en salud con otras prestaciones sociosanitarias dirigidas
a reforzar la atención de las personas mayores (Huenchuan, 2013).
En la actualidad, una gran parte de las personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les
garanticen protección frente a los riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. Además, la cobertura de
seguridad social de la población ocupada es muy desigual, lo que aumenta las posibilidades de desprotección
económica para las generaciones futuras. En la región se han producido avances notables en lo referente a
la expansión de las pensiones no contributivas, que contribuyen a reducir parte de los riesgos económicos
que surgen con la edad avanzada. No obstante, es necesario continuar profundizando los mecanismos para
incrementar la protección en la vejez, sobre todo en el caso de las mujeres mayores y la población rural.
Los países de América Latina y el Caribe están intentando lidiar con los problemas de cobertura de diferentes
maneras, pero la tendencia es evidente y la política que parece estar teniendo mayor impacto es la extensión
de las pensiones no contributivas. Además de sus efectos sobre la cobertura, este cambio de política puede
tener consecuencias importantes a largo plazo en aquellos países donde la población está envejeciendo.
Esto es especialmente relevante en los países donde la escasa cobertura de la seguridad social contributiva
se complementa con las pensiones no contributivas, en un contexto en que la población en edad de trabajar
presenta bajos niveles de cotización, tanto en términos de cobertura como de densidad.
En el Caribe, desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013,
los Estados miembros han seguido desarrollando y aplicando políticas nacionales sobre envejecimiento y
reforzando los programas y servicios para las personas mayores. La atención se ha centrado en gran medida
en la protección de los ingresos, la salud y los servicios de atención de la salud. Estos esfuerzos han tenido
repercusiones positivas en el bienestar de las personas mayores, pero aún queda mucho por hacer para
garantizar que puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Debido a las limitaciones en términos
de recursos y capacidades, la implementación ha sido lenta y siguen existiendo diferencias significativas entre
las políticas y la práctica (CEPAL, 2018c).
Asimismo, y con las especificidades que corresponden a cada caso, se observa una adaptación lenta de los
sistemas de salud a los cambios de la demanda surgidos a partir de las dinámicas demográfica, epidemiológica
y tecnológica, lo que se traduce en un incremento de los costos y gastos de los servicios de atención de la
salud y un acceso insuficiente de la población a servicios de salud adecuados y de calidad. Además, la cobertura
sanitaria es desigual y, aun en caso de las personas mayores cuenten con un seguro de salud, ello no implica
que puedan acudir a un centro médico cuando lo necesitan. La posibilidad de obtener medicamentos a un costo
accesible y de recibir prestaciones sanitarias eficaces y adecuadas a sus necesidades, así como cuidados de
larga duración fiscalizados y en los que se respeten los derechos y libertades fundamentales al aumentar la
dependencia, son asuntos que preocupan a la generación actual de personas mayores cuando su autonomía
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