Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
material y, en particular, cuál es el impacto en la reducción de la mortalidad materna de las mujeres indígenas
y en la vida de estas mujeres. Debe considerarse que los modelos de atención interculturales no están
generalizados en todos los países y que en muchos casos distan de los estándares establecidos (por ejemplo,
limitan el papel de las comadronas o parteras a la subordinación al equipo de salud). Por otra parte, en varios
estudios y diagnósticos, algunos impulsados desde las propias organizaciones de mujeres indígenas, se
sigue constatando la baja calidad de los servicios, además de las prácticas discriminatorias y la falta de
adecuación cultural.
Además de lo detallado, en las últimas décadas se han puesto en marcha una serie de programas de
transferencias condicionadas, en donde se establecía la atención institucionalizada del embarazo, parto
y posparto. Más allá de las críticas que han recibido estos programas, lo cierto es que su efecto podría
ser de corto plazo y, en la medida en que los modelos de salud intercultural no se promuevan ni ejecuten
adecuadamente, en la región se corren grandes riesgos de sufrir retrocesos. Por este motivo se requiere
de manera urgente contar con información oportuna desglosada para mujeres y pueblos indígenas, lo que
permitirá dar seguimiento a estos asuntos.
Las estimaciones disponibles referidas a la prevalencia anticonceptiva en la década de 2000 muestran
un aumento entre las mujeres indígenas, hecho que se asocia con una reducción de la demanda insatisfecha
de servicios de planificación familiar, y, si bien persisten las brechas entre mujeres indígenas y no indígenas,
estas se han reducido (CEPAL, 2014). Nuevamente, aquí la información actualizada es escasa, aun en países
que ya han incluido la identificación indígena en las encuestas de demografía y salud, puesto que estos no
desagregan la información de manera regular en sus publicaciones. La única excepción es Guatemala, donde
entre 2008 y el bienio 2014-2015 la prevalencia del uso de anticonceptivos aumentó un 30% entre las mujeres
indígenas (del 40,2% de usuarias al 52,3%), en tanto que entre las mujeres no indígenas el incremento fue
solo del 7,4% (del 63,3% de usuarias al 68%). Por lo tanto, si bien las brechas étnicas persisten, se han
acortado en dicho período.
La maternidad a edades tempranas es otra expresión de las brechas en la puesta en marcha de acciones
para garantizar derechos sexuales y reproductivos. Los censos de las décadas de 2000 y 2010, junto con el
procesamiento de las encuestas de demografía y salud, han permitido constatar que la maternidad adolescente
entre las jóvenes indígenas ha descendido en la mayoría de los países de la región (CEPAL, 2014). Sin embargo,
en todos los países persisten desigualdades en estos indicadores en detrimento de las jóvenes indígenas
(véase el gráfico III.31). El rango va del 11,6% de jóvenes indígenas que ya han sido madres en el Uruguay
al 30,7% en Panamá. Las mayores diferencias relativas se presentan en el Brasil, Costa Rica, Panamá y el
Paraguay, donde la maternidad de las jóvenes indígenas duplica con creces la maternidad de las jóvenes no
indígenas. Si bien en estos patrones intervienen factores culturales, y las cifras deben analizarse en cada
contexto territorial, lo cierto es que el porcentaje de fecundidad no deseada obtenido de encuestas recientes
de seis países de la región también resultó más elevado entre las mujeres indígenas que entre las mujeres
no indígenas (Del Popolo, 2018).
Otro asunto de carácter urgente para la región es afrontar y eliminar las distintas formas de violencia que
afectan a los pueblos indígenas. Estos pueblos han sido y son particularmente afectados por la violencia, que
incluye los conflictos armados, la militarización de sus territorios, el desarraigo, la prohibición de prácticas
culturales, la violencia cometida por las instituciones estatales, la criminalización, el desplazamiento forzoso, el
racismo y la discriminación estructural. Estos fenómenos tienen un impacto particularmente devastador en las
mujeres, los niños y las niñas indígenas. La violencia institucional se ha registrado en numerosas oportunidades
y en la gran mayoría de los países de la región. La ocupación del territorio por parte de las fuerzas policiales
vuelve a estas poblaciones víctimas de hostigamiento y represión, e incluso se ha observado la penalización
a menores de edad, lo que contraviene los compromisos internacionales que los Estados han asumido en
materia de los derechos de la infancia.
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