Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Los procesos de empoderamiento son fundamentales para enfrentar las situaciones de violencia contra
las mujeres indígenas, rescatando las prácticas y creencias que estas consideran positivas y desafiando
aquellas que estiman dañinas. Al respecto, en la región se registran varias experiencias que siguen esta
lógica, como la de las Casas de la Mujer Indígena en México: a la fecha existen 31 casas en 16 entidades
federativas y constituyen un modelo de atención para la salud y la violencia contra las mujeres (Gobierno de
México, 2018 y CEPAL, 2013a y 2014). El fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas contribuyó a
la creciente inclusión de la violencia dentro de las agendas de sus organizaciones y su consecuente incidencia
política en este ámbito, como demuestran los casos del Ecuador, donde la reestructuración del sistema de
administración de justicia incluye entre sus prioridades la agenda de la organización de mujeres indígenas; del
Estado Plurinacional de Bolivia, donde las mujeres indígenas han conseguido acuerdos para su participación
política y en los comités de supervisión de justicia a nivel municipal, y de la frontera del Brasil y el Paraguay,
donde se fortalecieron las capacidades de las mujeres y las niñas indígenas para registrar y denunciar los
casos de violación de sus derechos, incluida la trata (CEPAL, 2013a y 2014). Por su parte, Guatemala cuenta
con la Defensoría de la Mujer Indígena, una institución específica que tiene por objeto defender y promover el
pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas
de violencia y discriminación contra estas mujeres. Además, en su informe nacional se hace referencia a
programas de prevención del delito desde la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, con énfasis
en la igualdad de género y la multiculturalidad, así como a modelos de atención a las mujeres sobrevivientes
de violencia y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en la investigación de delitos contra las mujeres,
en particular contra las mujeres indígenas (Gobierno de Guatemala, 2017).
Se espera que todos estos esfuerzos tengan un impacto significativo en el bienestar de los pueblos, las
mujeres, los niños y las niñas indígenas, lo que debería verse reflejado en los indicadores de resultados. Para
ello es preciso y fundamental fortalecer los sistemas estadísticos, en particular los sistemas de registros,
de modo que permitan desagregar la información para pueblos indígenas junto con el sexo y la edad, como
variables mínimas para el desglose de datos.
5. Avances en el derecho a la información
de los pueblos indígenas
El derecho a la información es tan fundamental para el ejercicio de otros derechos que, junto con el acceso
a la participación, la justicia y la igualdad, se ha transformado en un indicador de progreso transversal del
cumplimiento de los Estados en materia de derechos sociales, económicos y culturales. De ahí que la medida
prioritaria 90 del Consenso de Montevideo se refiera al derecho a la información de los pueblos indígenas.
Tanto el Convenio núm. 169 de la OIT como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas contienen artículos específicos sobre esta materia. A estos instrumentos se suman diversos
acuerdos internacionales y regionales que refuerzan la necesidad de disponer de información oportuna y de
calidad para los pueblos indígenas, con enfoque de género, generacional y territorial.
En materia de información demográfica y socioeconómica, en la región se ha trabajado intensamente
para mejorar la disponibilidad y calidad de los datos sobre los pueblos indígenas, sobre todo, y de manera
generalizada, en los censos de población y vivienda, y de manera más tardía y tímida en el resto de las fuentes
de datos. Incluir la autoidentificación indígena constituye el primer paso para desagregar la información.
Tal como se muestra en el cuadro III.8, todos los países de América Latina que poseen población indígena
(17 países) incluyen preguntas al respecto. El panorama se torna menos alentador si se examinan las restantes
fuentes de datos. En el caso de las encuestas sobre empleo, ingreso y condiciones de vida, más allá de las
modalidades aplicadas en cada caso, el número de países que incluyó al menos una vez la autoidentificación
de pueblos indígenas en esta década se reduce a 10 países, y en el caso de las encuestas de demografía y
salud llega a 11 países. En los censos agropecuarios, en algunos países se identifica si la unidad productora
pertenece a una comunidad indígena o a un territorio indígena, mientras que en otros (o de manera simultánea)
se pregunta la autoidentificación indígena del productor o productora y los miembros del hogar. Sea cual sea
219