Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
En cuanto al impacto social de la violencia de género, particularmente en las familias afectadas donde
existen menores de edad, en la Argentina se aprobó la Ley 27.452 (conocida como Ley Brisa), que establece
el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidios,
en virtud del cual se les entrega un monto de dinero mensualmente hasta los 21 años.
Es importante mencionar que la violencia de género contra la población LGBTI es un tema que aún plantea
muchos desafíos en la región. Pocos países (el Brasil, Costa Rica, Jamaica y Suriname) mencionan problemas
con la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Además, solo el Brasil y Costa
Rica hacen referencia en sus informes nacionales a medidas, leyes y normas para enfrentar el problema de
la violencia basada en orientación sexual e identidad de género. La incorporación del tema de los derechos
de la población LGBTI en la agenda de población y desarrollo regional es uno de los avances logrados con el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y, como se menciona en la sección D, para lograr la
igualdad de género, es necesario monitorear los avances que se puedan consolidar en los próximos años en
relación con las medidas acordadas (medidas prioritarias 36 y 57).
3. Conclusiones
En América Latina y el Caribe se han producido importantes avances legales en la institucionalidad pública y se
constatan resultados en la disminución de la desigualdad de género. Las mujeres no solo lograron acceder a la
educación primaria y secundaria, sino que avanzaron en la educación superior, en una región en la cual hasta
hace algunas décadas existían grandes barreras que dificultaban su acceso a este nivel educativo. Asimismo,
en el ámbito de la salud, las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres y los avances en
la salud sexual y reproductiva representan conquistas en relación con la garantía al acceso universal a los
derechos reproductivos. Estos avances continuaron y se intensificaron desde la aprobación del Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo, si bien coexisten con desafíos significativos en los países de la región.
En el área de los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad de
género y sistemas de seguimiento y asignación de recursos, destacan los avances en el caso de la participación
política en los ámbitos de toma de decisiones, en que la región es un ejemplo a nivel mundial, gracias a las
leyes de cuotas y paridad que impulsaron el progreso en los cargos de los órganos legislativos nacionales.
No obstante, algunos países aún se encuentran muy rezagados. El seguimiento de los indicadores permite
advertir los grandes desafíos que todavía resta superar en relación con este ámbito, sobre todo en lo que se
refiere a la participación en puestos de toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, en particular dentro de los
gabinetes y en el nivel local. Es necesario que los países —incluso aquellos que ya han avanzado en la paridad a
nivel nacional— conozcan cuáles son las barreras y las superen. En este sentido, el acoso y la violencia política
contra las mujeres, tanto durante su candidatura como en el ejercicio de su cargo, las dificultades de acceso
al financiamiento y la cultura contraria a la paridad en muchos partidos políticos son problemáticas extendidas
en la región. Además, no siempre se registran los mismos adelantos en los niveles locales que a escala
nacional. Con relación a los puestos de toma de decisiones en el mercado laboral, las tendencias desde 2013
hasta 2015 no son muy alentadoras y en muchos países existe una tendencia al descenso de la presencia de
mujeres en cargos directivos, lo que pone de manifiesto problemas de sostenibilidad en los logros alcanzados.
Respecto a la asignación de presupuestos para políticas de igualdad, si bien existen algunas acciones para
visibilizarlos, se trata de un área que requiere mayor desarrollo. Asimismo, sigue siendo relevante reforzar
las fuentes de información estadística que reflejen las desigualdades de género y visibilicen la diversidad de
situaciones de hombres y mujeres, así como los mecanismos institucionales para la generación de políticas
públicas que cierren las brechas de género.
En relación con la autonomía económica, como ya se ha mencionado, todavía solo una de cada dos mujeres
de la región en edad de trabajar tiene empleo o lo busca, es decir, es económicamente activa, y las que se
integran al mercado laboral se concentran en sectores de baja productividad y, en buena medida, en el trabajo
precario e informal. Esta participación laboral en condiciones de desigualdad se refleja posteriormente en el
menor acceso de las mujeres a las pensiones, y en el monto más reducido que reciben cuando acceden a
ellas, lo que es particularmente relevante en un contexto de envejecimiento poblacional.
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