Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
análisis. La Secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) está liderando el desarrollo de un conjunto
básico de indicadores de los ODS que constituirá el marco de monitoreo sobre la base del cual se espera que
los países del Caribe informen acerca de la implementación de los ODS (CEPAL, 2018b).
En lo que respecta a la ordenación y planificación física o territorial, cabe destacar los avances y experiencias
concretos de los países de la subregión. Granada informa sobre la importante labor realizada en el ámbito
de la prevención, la mitigación de los desastres socioambientales y la vulnerabilidad ambiental, incluida la
aprobación del proyecto de ley de planificación y control físicos (2016), el Plan Nacional de Desarrollo Físico
y el Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad a los Desastres. Asimismo, los principales problemas que
menciona son el acceso a la financiación, la colaboración intersectorial y la infraestructura de apoyo (Gobierno
de Granada, 2018). En el caso de Jamaica, se ha puesto en marcha la preparación de un Plan Territorial
Nacional y un Programa Piloto de Resiliencia al Cambio Climático (CEPAL, 2018b). También se ha comenzado
a trabajar en la revisión de la Estrategia Nacional de Asentamientos, así como en estudios de antecedentes
sobre infraestructura social y vivienda, análisis de la situación, identificación de problemas y recomendaciones
(Gobierno de Jamaica, 2018, citado en CEPAL, 2018b).
b) Medidas prioritarias relativas al desarrollo y bienestar de la población
en distintos ámbitos territoriales
En este acápite se consideran las medidas prioritarias 77 y 79. Para dar seguimiento a la medida prioritaria 77
se utilizarán dos indicadores 129 . Uno de ellos es el indicador A.6, “proporción de la población que vive en
hogares con acceso a servicios básicos”, que en este caso se desagregará según área urbana y rural, con el
objetivo de mostrar las brechas existentes entre estas áreas y así evaluar si las desigualdades persisten o
se han reducido. El segundo es el indicador G.8 (indicador 11.1.1 de los ODS), “proporción de la población
urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas” y constituye
un indicador indirecto (proxy) para medir la segregación, puesto que en los territorios donde se localizan los
tugurios se entrecruzan distintos ejes y ámbitos de la desigualdad socioterritorial urbana.
i) Creciente disponibilidad de acceso a servicios básicos, pero con persistencia de las brechas
urbano-rurales
En lo que atañe al pleno acceso a servicios básicos, el indicador seleccionado (A.6) cobra sentido en
este análisis si la información se desagrega según área urbana o rural, pues en ese caso expone si las
desigualdades de acceso continúan, se han acentuado o han disminuido, teniendo en cuenta que contar con
acceso a servicios básicos es un aporte al bienestar social de la población y a la sostenibilidad del desarrollo
(CEPAL, 2016a). Asimismo, se debe considerar que el agua y el saneamiento, en particular, son derechos en sí
mismos (derecho humano al agua y el saneamiento) y medios esenciales para la garantía de todos los derechos
humanos (Bautista, 2013), especialmente de los derechos a la vivienda y a la salud. Durante la década de 2010,
a nivel internacional se han incorporado diversas normativas e institucionalidad que obligan a los países de la
región a contar con políticas públicas en materia del derecho humano al agua y el saneamiento, así como a
normar las prácticas de los agentes privados y estatales vinculados con el sector de abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Por tanto, el avance o retroceso de este indicador también revela el cumplimiento
del país respecto a estos derechos de la población.
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También dan seguimiento a esta medida los indicadores G.2 (tiempo promedio en minutos para un viaje de ida hacia el trabajo), G.3 (porcentaje de hogares que
afirman que han sido asaltados, agredidos o víctimas de algún delito en los últimos 12 meses según división administrativa menor (DAME)), G.9 (proporción de
residuos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con descarga final adecuada respecto del total de residuos sólidos urbanos generados, desglosada por
ciudad), G.11 (proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el año) y G.12 (viviendas en ubicación sujeta a riesgos:
número de viviendas construidas en zonas de riesgo por cada 100.000 viviendas). Sin embargo, algunos de ellos aún no pueden ser calculados, no cuentan con
metadatos o, si existe información, solo está disponible a nivel nacional. Por eso en esta oportunidad se ha optado por el indicador A6.
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