Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Resumen ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Montevideo sobre Población y Desarrollo se expresó con énfasis que el hombre debe ser parte integrante de
las acciones vinculadas a los procesos reproductivos. Sin embargo, tras cinco años de implementación, no hay
datos sistematizados a nivel regional y en la gran mayoría de los informes tampoco se incluyen datos sobre los
avances de los países. Otra información ausente es la que se refiere a los recursos financieros asignados a la
salud y los derechos sexuales y reproductivos. Es esencial seguir adelante y ampliar el compromiso financiero
con las políticas en esos ámbitos para que los cambios se sostengan y se intensifiquen a fin de lograr el acceso
universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Otro dato que falta en la mayoría de los informes
es la información desagregada por territorios o regiones, por área urbana o rural, por población según raza
o etnia, y por población con discapacidad, entre otros. El desafío en lo que respecta a la información y a los
indicadores de esta sección, dadas sus especificidades, consiste en que los países planifiquen y organicen
con antelación la producción de datos —por ejemplo, mediante encuestas de demografía y salud, así como
de registros administrativos— para los próximos informes nacionales sobre los avances en la implementación
del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
E. Igualdad de género
El capítulo de igualdad de género del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, con sus 19 medidas
prioritarias, es transversal a los demás capítulos de dicho instrumento. En la sección correspondiente a igualdad
de género de este primer informe regional se da cuenta de las medidas prioritarias 47, 48, 49, 52, 54, 56, 57,
58, 61, 64 y 65, organizadas desde el marco conceptual definido por el Observatorio de Igualdad de Género
de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL a partir de la noción de las tres autonomías —autonomía en
la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física—, tal como se explicita en el capítulo.
Existen notorios avances legales y en la institucionalidad pública, a la vez que se constatan resultados en la
disminución de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe. Las mujeres no solo lograron acceder
a la educación primaria y secundaria, sino que avanzaron en la educación superior, en una región en la que
hasta hace algunas décadas existían grandes barreras que lo dificultaban. Asimismo, en el ámbito de la salud,
las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres y los avances en la salud sexual y reproductiva
representan conquistas en relación con la garantía al acceso universal a los derechos reproductivos. Estos
avances continuaron y se intensificaron desde la aprobación del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, y coexisten con desafíos significativos en los países de la región.
En el área de los mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad de
género, sistemas de seguimiento y asignación de recursos, destacan los avances en la participación política de
la mujer en ámbitos de toma de decisiones, donde la región es un ejemplo a nivel mundial, gracias a leyes de
cuotas y paridad que impulsaron el progreso de las mujeres en los cargos de los órganos legislativos nacionales.
No obstante, algunos países aún se encuentran muy rezagados. El seguimiento de los indicadores permite
advertir los grandes desafíos que todavía resta superar en relación con este ámbito, sobre todo en lo que se
refiere a la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, en particular
en los gabinetes y en el nivel local. Es necesario que los países —incluso aquellos que ya han avanzado en
la paridad a nivel nacional— conozcan cuáles son las barreras y las superen. En este sentido, el acoso y la
violencia política contra las mujeres, tanto cuando son candidatas como durante el ejercicio de su cargo, las
dificultades de acceso al financiamiento y la cultura contraria a la paridad en muchos partidos políticos son
problemáticas extendidas en la región. Además, no siempre los niveles locales registran los mismos adelantos
que a escala nacional. Con relación a los puestos de toma de decisiones en el mercado laboral, las tendencias
desde 2013 hasta 2015 no son muy alentadoras y en muchos países existe una tendencia al descenso de la
presencia de mujeres en cargos directivos, lo que pone de manifiesto problemas de sostenibilidad en los logros
alcanzados. Respecto de la asignación de presupuestos para políticas de igualdad, hay algunas acciones para
visibilizarlos, pero es un área que requiere mayor desarrollo. Asimismo, sigue siendo relevante el fortalecimiento
tanto de la información estadística, que dé cuenta de las desigualdades de género y visibilice la diversidad de
situaciones de hombres y mujeres, como de los mecanismos institucionales para la generación de políticas
públicas que cierren las brechas de género.
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