Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Las mayores brechas urbano-rurales en la cobertura de este servicio se aprecian, en ese orden, en el
Estado Plurinacional de Bolivia, la República Dominicana, Colombia y el Paraguay, donde las diferencias son
superiores a 20 puntos porcentuales y llegan a más de 40 puntos porcentuales en el caso del primer país.
En la República Dominicana, la inversión pública se ha dirigido a las regiones más avanzadas y las grandes
ciudades, especialmente Santo Domingo, de forma que se perpetúan los desequilibrios territoriales, dando
lugar a diferencias muy marcadas entre los niveles de actividad económica, empleo, ingresos, pobreza y calidad
de vida de zonas dinámicas y zonas deprimidas o rezagadas, lo que afecta sobre todo a las poblaciones rurales
(Gobierno de la República Dominicana, 2018). Colombia implementó el programa Agua para la Prosperidad,
con el fin de cumplir las metas establecidas por el país para el sector de agua potable y saneamiento básico,
en el marco del cual se realizaron grandes esfuerzos presupuestarios entre 2011 y 2014 para beneficiar con
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los habitantes de las regiones donde existían rezagos de
cobertura (Gobierno de Colombia, 2018). Por su parte, el Estado Plurinacional de Bolivia inició en 2010 el
Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (fases I y II), cuyo objetivo era incrementar el acceso a servicios
de agua potable y alcantarillado en las áreas periurbanas de El Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y
otras ciudades 131 , al mismo tiempo que, en el área rural, el programa Mi Agua (I, II y III) ha generado también
importantes proyectos.
En el período analizado, destaca la reducción de la brecha en Nicaragua, que pasó de cerca de 60 puntos
porcentuales a menos de 12 puntos porcentuales, pues hubo un aumento significativo de la disponibilidad
de agua por tubería en las áreas rurales, que pasó del 29% al 74%. Si bien en el gráfico III.25 no figura la
información de Guyana, en el informe presentado, el país informa que ha implementado en áreas rurales y
asentamientos precarios un programa de mejora de la infraestructura de abastecimiento de agua y saneamiento,
que incluye el objetivo de mejorar el acceso a los servicios de saneamiento para personas de bajos ingresos.
Algo similar ocurre en la Argentina, país que, si bien solo cuenta con información de las áreas urbanas donde
la cobertura es muy alta, en su informe nacional indica que el Plan Nacional del Agua (PNA) —implementado
a principios de 2016, con el objetivo principal de maximizar la función económica, ambiental y social del
agua— está en sintonía con las metas establecidas en los ODS, pues apunta a reducir sustancialmente el
porcentaje de población en situación de pobreza, a garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento,
así como el desarrollo productivo sustentable y la conservación del agua en un estado compatible con la
salud y el medio ambiente, y a mejorar la protección de la población contra las inundaciones. Asimismo, el
Perú informa que el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos ha aumentado entre 2013 y 2016;
además, si en 2013 la proporción del gasto público invertido en servicios esenciales en ese país fue del 35,3%,
en 2016 la cifra subió al 39,6%. Es relevante considerar que la imposibilidad de contar con agua potable como
resultado de la pobreza, la condición étnico-racial, la pertenencia a un grupo social o, en este caso particular,
la residencia en un lugar determinado constituye una violación del derecho humano al agua y el saneamiento.
En ese contexto, la situación de los países que presentan los porcentajes más bajos de disponibilidad de
agua potable, particularmente en las áreas rurales, pone de relieve que el agua es una necesidad acuciante
y que los Gobiernos deben implementar programas para su provisión. Sin embargo, una lectura basada en
derechos postula que cada persona tiene el derecho humano al agua y el saneamiento, lo que implica que los
sujetos sean activos, capaces de demandar y poner en marcha una acción descentralizada que obligue a las
autoridades públicas a cubrir pisos mínimos y a fijar planes de acción encaminados al acceso pleno (Bautista,
2013). Un ejemplo de esto es el caso del Uruguay, donde el acceso al agua potable está consagrado como un
derecho esencial en la constitución, de modo que los altos porcentajes de disponibilidad que presenta el país
(véase el gráfico III.25) y la reducción de las brechas se deberían, en parte, a esta consideración.
Es importante tener presente que algunas de las soluciones que se proporcionan para mejorar el acceso
y la disponibilidad de agua potable, en las áreas rurales principalmente, no siempre aseguran la calidad del
servicio. Hay diferencias entre hogares de altos y de bajos ingresos, pues en ocasiones, en los hogares
más pobres el acceso es intermitente, el control del agua es limitado y no siempre se desinfecta de manera
efectiva (CEPAL, 2018a).
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Esto pudo haber acentuado las desigualdades de acceso entre áreas urbanas y rurales.
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