Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y Plan de Implementación Nacional de Gestión de Ocupaciones Ilegales. En 2014 finalizó la elaboración de
una base de datos sobre comunidades de ocupantes ilegales, que se utilizará como guía para la formulación
de la política. Otras medidas relativas a la vivienda se han ocupado de aspectos relacionados con la vivienda
asequible y el acceso al financiamiento de los grupos de bajos ingresos, a través de la reducción de las tasas
de interés (Gobierno de Jamaica, 2018).
iii) Seguridad ciudadana, ocio creativo y participación ciudadana como instancias de prevención
de problemas sociales
Por su parte, los indicadores que se han sugerido para dar seguimiento a la medida prioritaria 79 136
en algunos casos están a nivel nacional y no reflejan las diferencias entre áreas urbanas y rurales o entre
divisiones administrativas mayores (DAM) y menores (DAME); en otros casos, solo se cuenta con información
desactualizada que no permite dar seguimiento al período que va desde 2013 en adelante. A continuación, se
presenta información regional de carácter general para describir algunas situaciones que atañen a esta medida.
Respecto de los espacios públicos, en un documento reciente sobre el desarrollo urbano de la región
se afirma que “los espacios públicos de calidad se concentran mayoritariamente en zonas de altos ingresos.
En Santiago, existe una correlación entre la localización de las viviendas sociales y de las áreas verdes
deterioradas” (Montero y García, 2017, pág. 32). En general, en la región, las ciudades presentan el fenómeno
de ausencia y abandono del espacio público, aunque los grupos más vulnerables los usan mayormente. Las
áreas donde estos grupos viven dentro de las ciudades pueden llegar a ser las menos seguras y cuentan con
espacios muy reducidos para el encuentro y el ocio recreativo. Esto adquiere relevancia si se considera que
la falta de espacios públicos compartidos contribuye a la alta desconfianza entre los ciudadanos y, por cierto,
demanda a los Gobiernos la creación o mejora de estos espacios para disminuir las desigualdades dentro
de los territorios (Montero y García, 2017). En los informes proporcionados por los países no hay referencias
a mejoras o aumento de las áreas verdes. Otro tema relevante que considera esta medida prioritaria es la
violencia y la desigualdad. Si bien la tasa de delitos puede estar influida por una diversidad de factores, muchos
estudios encuentran una relación robusta entre criminalidad y desigualdad; las ciudades más equitativas son
generalmente más seguras. Estas desigualdades se expresan en la medida en que grupos sociales diferentes
se encuentran afectados por la inseguridad y la violencia de manera diferenciada. Por tanto, es un desafío para
los países lograr contar con información para el cálculo de indicadores asociados a este tema e informar en
qué situación se encuentran las ciudades, las divisiones administrativas menores y el resto de los territorios.
c) Medidas prioritarias relativas a los temas ambientales
y los desastres socioambientales
En este punto se indaga la situación en que se encuentran las materias que atañen a dos medidas
prioritarias vinculadas a temas ambientales y desastres socioambientales, las medidas prioritarias 82 y 83. Para
dar seguimiento a estas dos medidas se han seleccionado cinco indicadores 137 , de los cuales solo se cuenta
con información sobre el indicador G.10; en cuanto al resto de los indicadores, se carece de información o su
construcción aún está siendo discutida y, por tanto, no hay metadatos.
Respecto a los desastres socioambientales en América Latina y el Caribe, hay consenso en el sentido
de que los países de la región están expuestos a fenómenos naturales extremos que pueden desencadenar
desastres, según las condiciones de vulnerabilidad de cada uno; por cierto, los territorios de mayor riesgo
son aquellos con alta vulnerabilidad social. No hay duda de que los desastres han aumentado en las últimas
décadas; solo en la primera década del siglo XXI hubo 68 desastres en la región. Un desastre altera la vida de
136
Los indicadores que dan seguimiento a la medida prioritaria 79 son el indicador G.3 (porcentaje de hogares que afirman que han sido asaltados, agredidos o víctimas
de algún delito en los últimos 12 meses según división administrativa menor (DAME)) y el indicador G.4 (porcentaje de población que participa en actividades
recreativas comunitarias según grupos de edad y división administrativa menor (DAME)).
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Estos son los indicadores G.10 (indicador 11.6.2 de los ODS) (niveles medios anuales de partículas finas (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados
según la población)); G.12 (viviendas en ubicación sujeta a riesgos: número de viviendas construidas en zonas de riesgo por cada 100.000 viviendas); G.13 (el país
ha incorporado la mitigación, la adaptación, la reducción del impacto y la alerta temprana a través de la implementación de estrategias y políticas con enfoques
multidimensionales); G.14 (porcentaje de energía generada a través de procesos de producción sostenibles, limpios y renovables), y G.15 (el país cuenta con
planes de acción nacionales de consumo y producción sostenibles incorporados como prioridad o meta en las políticas nacionales, en los cuales se contempla,
entre otros, el tratamiento de aguas residuales).
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