Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
materia de reconocimiento de derechos, de políticas y programas y de un mejoramiento en las condiciones
de vida de las personas y los pueblos indígenas. En los informes nacionales se refleja una diversidad de
acciones llevadas a cabo por los países que en varios casos apuntan a una profundización del enfoque de
derechos y de la interculturalidad. Sin embargo, estos procesos no han estado exentos de contradicciones
y de algunos retrocesos que alertan sobre la década actual y que podrían tener fuertes efectos negativos y
diluir los progresos logrados hasta el momento.
Si bien se constatan avances importantes en los ámbitos de la salud y la educación, las desigualdades
étnicas persisten y en algunos países siguen siendo profundas, poniendo en especial desventaja a mujeres,
jóvenes y niños y niñas indígenas. Se observa una polarización epidemiológica en la que coexisten enfermedades
como la tuberculosis y una elevada mortalidad materna con enfermedades crónicas y degenerativas. En
materia educativa, aún se registran brechas en detrimento de la juventud indígena en lo que respecta a la
culminación de la enseñanza secundaria y el acceso a los niveles terciarios y universitarios. También se ha
observado una pérdida intergeneracional del idioma indígena, fundamental para su identidad, y la calidad de
la educación intercultural continúa siendo un desafío. Asimismo, las brechas de implementación entre las
normativas y la situación que viven las personas y los pueblos indígenas se observan también en dimensiones
como la participación política, los derechos territoriales y el consentimiento previo, libre e informado sobre
las acciones que emprenden los Estados y que les afectan.
El panorama se vuelve aún más complejo si se toma en cuenta que el desarrollo económico y social está
encontrando límites y que el crecimiento económico registrado en la región depende mucho de los recursos
naturales y de sus precios internacionales, mientras se observa una débil gobernanza de estos recursos, lo
que ocasiona fuertes presiones sobre los territorios de los pueblos indígenas, un incremento de los conflictos
y su militarización. En particular, y aunque la información es fragmentaria, en la región se registran graves
situaciones de violencia contra niñas, niños y mujeres indígenas.
Superar lo que se expuso brevemente en esta sección constituye un enorme y urgente desafío para los
países de la región y para ello es preciso redoblar esfuerzos en cada una de las medidas prioritarias acordadas
en el Consenso de Montevideo, desde la adaptación de los marcos jurídicos a los derechos de los pueblos
indígenas hasta la generación de información para el diseño e implementación de políticas y la rendición de
cuentas. Es preciso abordar de forma sinérgica las políticas sectoriales, sin descuidar la dimensión colectiva
de la situación de los pueblos indígenas. En particular, se insiste en que para que las políticas y los programas
sean efectivos se debe considerar el sistema de significados culturales de los pueblos y las mujeres indígenas
en los diferentes ámbitos del bienestar. De ahí que sea crucial la garantía estatal de la participación deliberativa
—y no meramente consultiva— de los pueblos indígenas.
En los informes nacionales los países describen de manera más detallada los retos pendientes, y es
evidente que para la consolidación de los avances se requiere voluntad política a fin de transitar desde los
“nuevos tratos” hacia los “nuevos pactos”. Por otra parte, muchos de los logros observados en la región
contaron con un apoyo significativo y sistemático del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos de
cooperación; es fundamental que este apoyo no se detenga y que, más bien, se refuerce.
Además de lo expuesto, los conocimientos ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales
de los pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como
el desarrollo de las diferentes modalidades colectivas de las economías indígenas, ofrecen una oportunidad
valiosa para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo basado en un cambio estructural hacia la
igualdad y la sostenibilidad. Por ello, es esencial reconocer el aporte de los pueblos indígenas en los retos
que trae consigo el porvenir de una América Latina próspera y soberana.
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