Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
el matrimonio a las parejas homosexuales, pues hay jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que
en 2016 admitió la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se informa
además que la capital, Caracas, fue declarada territorio libre de homofobia y transfobia.
Es importante mencionar que en otros países se han presentado algunos avances a partir de la defensa
de los derechos sexuales en procesos judiciales y por parte de la defensoría de los derechos humanos. En
algunos informes nacionales se da cuenta de otros avances legales con relación a los derechos sexuales.
El Gobierno de Chile, por ejemplo, indica que en la reformulación del Programa de Salud Sexual y Salud
Reproductiva ya se han incorporado estrategias específicas relativas a la atención de la población LGBTI. Entre
ellas, se menciona la Vía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico
e identidad de género, que respalda las acciones clínicas, incluida la terapia hormonal y la cirugía, a las que
pueden recurrir las personas que lo requieren (Gobierno de Chile, 2018). Dicha estrategia se ha implementado
gradualmente en cuatro regiones del país 93 .
La inclusión de la educación integral para la sexualidad no solo es importante como reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos, sino también para que la población joven pueda conocer las cuestiones
relativas a la sexualidad y la identidad de género, y actuar de manera no discriminatoria. En el informe de
Colombia aparece un ejemplo interesante, ya que en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)
que se llevó a cabo en 2015, se incluyeron preguntas con las que se procuraba entender si la población se
declaraba en favor o en contra de algunos derechos sexuales. De esta manera, según los resultados de la
encuesta (Gobierno de Colombia, 2018), cuando se preguntó si los homosexuales tenían los mismos derechos
que los heterosexuales, más del 80% de las personas contestaron que sí, pero cuando se preguntó si se
aprobaba que se reconocieran los derechos de las parejas del mismo sexo, solo alrededor del 60% contestó
de forma afirmativa. Esa proporción disminuyó aún más, hasta alrededor del 30%, cuando se preguntó si se
estaba de acuerdo en que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos 94 .
b) Derechos reproductivos
Para que todos los derechos reproductivos estén garantizados, es importante que los Estados revisen la
legislación, las normas y las prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
a cualquier grupo poblacional (medida prioritaria 35). Los datos de Naciones Unidas (2015) indican que en la
amplia mayoría de los países se ofrece apoyo directo para la planificación familiar (excepto en Costa Rica y
en Suriname). Sin embargo, en algunos países hay restricciones de acceso que se aplican a algunos grupos
poblacionales (principalmente los jóvenes) o algunos tipos de anticonceptivos (sobre todo la anticoncepción de
emergencia) 95 . También hay avances en la ampliación de la oferta de servicios de salud dirigidos a los jóvenes
y, en tiempos recientes, se han creado espacios amigables de atención para ellos, como se mencionó en la
sección B. Con relación al indicador D.21, que permite medir si la población (de 10 años o más) conoce sus
derechos y las condiciones para acceder a la atención en salud sexual y reproductiva, no hay datos disponibles.
No hay información acerca de las garantías que el Estado ofrece respecto del acceso a los servicios de
salud sexual y reproductiva, así como a información y educación sobre estos temas (lo que se mide con el
indicador D.18; indicador 5.6.2 de los ODS). Esto se debe a que la metodología para recabar los datos fue
definida recientemente. El Gobierno de Colombia (2018) brinda una información parcial que puede utilizarse en
este momento, a saber, que en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, solo el 65,5%
de las mujeres de 15 a 49 años dijo haber recibido información sobre los efectos secundarios de los métodos
anticonceptivos modernos, y que solo el 54,8% de ellas declaró saber las medidas que debía tomar en caso
de experimentar estos efectos (Gobierno de Colombia, 2018). Este resultado es el mismo que se ha obtenido
93
Es importante aclarar que en otros países hay leyes y normas similares, sin embargo, aquí se menciona solamente lo que se ha señalado en los informes nacionales
y, principalmente, los cambios recientes.
94
Hay diferencias no muy pronunciadas entre las respuestas de los hombres y las mujeres: ellas se mostraron más en favor de los derechos igualitarios.
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En Granada, Jamaica y Trinidad y Tabago se debe tener una determinada edad mínima para acceder a métodos anticonceptivos. También hay seis países (Bahamas,
Barbados, Belice, Costa Rica, México y Panamá) donde los menores de edad deben contar con el consentimiento de los padres para acceder. En cuanto a la píldora
de emergencia, hay restricciones de acceso en Costa Rica y Honduras. En el informe de Costa Rica (Gobierno de Costa Rica, 2017) se menciona que el acceso a
la anticoncepción de emergencia es un desafío que el país necesita resolver.
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