Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
en un modelo de atención integral de este grupo de población, que incorpora el criterio de funcionalidad de
la persona mayor en los procesos de formulación de políticas públicas y promueve el envejecimiento activo
y sano (Gobierno del Brasil, 2018). Colombia indica que el porcentaje de afiliación al Sistema de Seguridad
Social en Salud de las personas de 60 años y más había alcanzado una cifra cercana al 96% en 2014 (Gobierno
de Colombia, 2018). Cuba informa que el Plan Nacional de Atención Integral al Adulto Mayor tiene el objetivo
de contribuir a elevar el nivel de salud, el grado de satisfacción y la calidad de vida de las personas mayores,
mediante acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación ejecutadas por el sistema nacional
de salud pública en coordinación con otros organismos y organizaciones del Estado vinculados con esta
atención, y tiene como protagonistas a la familia, la comunidad y la propia persona mayor (Gobierno de
Cuba, 2018). Para la protección de la población adulta y las personas mayores, el Ecuador cuenta con la Ley
del Anciano, la Ley de Seguridad Social y la Ley Orgánica de Salud. La Ley del Anciano garantiza el derecho
a un nivel de vida que asegure, entre otros, la salud corporal y psicológica, la asistencia médica y la atención
geriátrica y gerontológica integral. La Ley de Seguridad Social establece, entre otras prestaciones, el acceso
de las personas mayores a servicios de atención de la salud, y la Ley Orgánica de Salud considera de interés
nacional las enfermedades catastróficas y raras (Gobierno del Ecuador, 2018). El Salvador, por su parte, hace
mención de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, que contempla intervenciones dirigidas
a las personas mayores y a su entorno familiar y comunitario, mediante acciones de promoción de la salud,
prevención de enfermedades, diagnóstico precoz, curación y rehabilitación. Asimismo, en el área de la salud
preventiva, se han establecido unos 800 clubes de personas mayores adscritos a las Unidades Comunitarias
de Salud Familiar, en los que participan más de 20.000 personas mayores (Gobierno de El Salvador, 2017).
México, en tanto, ha implementado la Política Institucional para la Atención Integral de las Personas Adultas
Mayores, entre cuyos objetivos se encuentra el impulso a la participación activa de las personas mayores en
los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos de la sociedad; la promoción de actividades que les
permitan incursionar en nuevas oportunidades de trabajo remunerado y de participación en la vida familiar y
comunitaria, y la atención integral a las personas para preservar su funcionalidad, haciéndolas partícipes del
autocuidado para mejorar su calidad de vida, bienestar e integración en el núcleo familiar, la comunidad y la
sociedad (Gobierno de México, 2018). El Paraguay informa que la gratuidad del sistema público de salud, vigente
desde 2008, permitió a las personas mayores acceder a servicios de salud con mayor facilidad, no obstante
lo cual, el desafío principal es contar con atención especializada en geriatría en toda la estructura de salud
pública y privada (Gobierno del Paraguay, 2018). En el caso del Perú, a través del Modelo de Atención Integral
de Salud basado en Familia y Comunidad, se implementan servicios diferenciados en 11 regiones del país.
Además, existen 314 establecimientos de atención primaria de la salud que brindan servicios diferenciados
de atención integral orientados a las personas mayores (Gobierno del Perú, 2018). La República Dominicana
informa que, a fin de promover un envejecimiento saludable, se ha dotado al 97% de la población mayor en
situación de pobreza de un seguro de salud subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SENASA) financiado
por el Estado (Gobierno de la República Dominicana, 2018). En el informe del Uruguay se señala que, si bien
la legislación garantiza desde hace varias décadas a todas las personas el derecho efectivo a la atención de la
salud, la reforma del sistema sanitario implementada en 2007 (Ley núm. 18.211) supuso importantes logros en
materia de universalidad y accesibilidad de los servicios. Mediante dicha reforma, se creó el Seguro Nacional
de Salud y el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que financia la cobertura de los trabajadores y sus familias,
y se extiende a los pasivos (Gobierno del Uruguay, 2017).
Si bien los países del Caribe han ampliado el acceso de las personas mayores a una gama de servicios de
atención de la salud, a menudo la demanda supera con creces la oferta, y los gastos no cubiertos representan
más del 30% del total del desembolso en atención sanitaria. Se otorga acceso preferencial a los medicamentos
en ciertos casos, especialmente en el de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, y ha habido
progresos en lo que respecta a la situación de las personas mayores que viven con el VIH/sida y al apoyo a las
personas con discapacidades físicas o mentales. Sin embargo, siguen existiendo muchos aspectos susceptibles
de mejora, por lo que se insta a los Gobiernos a promover el derecho a la salud mediante la prestación de una
atención ininterrumpida a lo largo de la vida, que incluya la promoción de la salud mental y física y la atención
preventiva, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos; a implementar programas de prevención,
atención, tratamiento y gestión de las enfermedades no transmisibles, incluidas la enfermedad de Alzheimer
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