Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Resumen ejecutivo
se ve afectada. Los países del Caribe, entre tanto, han ampliado el acceso de las personas mayores a una
gama de servicios de atención de la salud, aunque a menudo la demanda supera con creces la oferta, y los
gastos no cubiertos representan más del 30% del total del desembolso en atención sanitaria (CEPAL, 2018c).
En este marco, si bien la atención de la salud de las personas mayores ha ido mejorando con el tiempo,
aún son pocos los países que cumplen sus obligaciones relacionadas con los estándares internacionales
de derechos humanos. Cabe recordar que el derecho a la salud conlleva obligaciones, y una de ellas es
la de garantizar este derecho por medio de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias, entre
otras. Como ha manifestado la OMS en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud de 2015: “Se
necesita con urgencia una acción de salud pública integral sobre el envejecimiento. Aunque falta mucho por
aprender, tenemos pruebas suficientes para actuar ahora, y hay cosas que todos los países pueden hacer,
independientemente de su situación actual o nivel de desarrollo. El primer paso será centrarse en optimizar
la capacidad funcional, que es el objetivo del Envejecimiento Saludable” (OMS, 2015, pág. 229). En el caso
particular del Caribe, el enfoque basado en los derechos humanos aún no se ha adoptado verdaderamente.
Las medidas de protección de los derechos de las personas mayores a nivel nacional siguen siendo dispersas
y, a menudo, se centran en temas específicos —principalmente en el área de la salud y la asistencia social—,
sin considerar todo el espectro de los derechos humanos (CEPAL, 2018c).
De forma paralela, es indispensable reforzar los cuidados a largo plazo. El envejecimiento de la población
trae aparejado el riesgo de sufrir dependencia, y las personas mayores pueden necesitar los cuidados de otras
personas debido a una discapacidad, una enfermedad crónica o un trauma, situaciones que pueden limitar su
capacidad para llevar a cabo actividades de cuidado personal básico o tareas cotidianas.
La situación de los cuidados a largo plazo ha mejorado en los últimos años, pero siguen existiendo
rezagos. Tanto los marcos normativos generales y específicos de los países de la región, como el abanico de
programas sociales relacionados con la protección de la vejez, revelan que los riesgos asociados al cuidado
se concentran cada vez más en las familias. Esto acrecienta la vulnerabilidad de las personas que precisan
cuidado y de las que lo brindan, que en la actualidad se ven directamente afectadas por la distribución desigual
de los recursos según el origen familiar. De ello se deriva, precisamente, uno de los grandes retos de aquí
a 2030: avanzar hacia el reconocimiento y la inclusión del cuidado en las políticas públicas en un marco de
solidaridad e igualdad. La CEPAL ha insistido en la necesidad de replantear la protección social de forma que
responda de manera inmediata a las consecuencias de las transformaciones demográficas y que pueda anticipar
respuestas a las demandas de una población en constante cambio (CEPAL, 2017a). En el caso particular del
Caribe, es necesario desarrollar la atención gerontológica y geriátrica en los sistemas de atención sanitaria y
social para satisfacer las necesidades de las personas mayores en la subregión, centrándose especialmente
en facilitar el acceso a esta atención por parte de las personas mayores que viven en zonas rurales, remotas
y desfavorecidas (CEPAL, 2018c).
En este contexto, tal como se recomienda en la medida prioritaria 31 del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, la construcción de una política pública de cuidados a largo plazo es más importante
que nunca. Su fundamento, incluso por encima de la demanda, radica en el creciente aporte al empleo que
las labores de atención de las personas mayores pueden representar para la economía de muchos países 8 .
Junto con ello, la previsión prácticamente nula de la necesidad de este tipo de cuidado en los sistemas de
protección social puede hacer que las personas mayores no reciban la atención que necesitan de manera
adecuada, accesible y oportuna. De este modo, una parte considerable de la población puede quedar excluida
de los servicios sociales, y su patrimonio e ingresos pueden verse comprometidos en la búsqueda de ayuda
para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
De no efectuarse cambios aprovechando la coyuntura actual, es evidente que se verán afectadas las
posibilidades de brindar protección social a toda la población. A diferencia de 2013, cuando se adoptó el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en la actualidad existe un instrumento jurídicamente
8
Por ejemplo, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y la disminución prevista de la disponibilidad de cuidadores familiares, se estima que en 2050 la
demanda de cuidados a largo plazo en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) implicará una duplicación de los trabajadores
de este sector como porcentaje de la población activa (Colombo y otros, 2011).
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