Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
• La desigualdad, que sigue siendo muy alta, como se muestra en el cuadro III.3, conforme una versión
aproximada del indicador B.18 67 . La magnitud de la desigualdad varía bastante entre países, pero en la
mayoría de ellos el porcentaje de madres o embarazadas por primera vez del quintil socioeconómico
más pobre es cuatro o más veces mayor que el del quintil socioeconómico más alto. Tan inquietante
como esta desigualdad es el hecho de que en países donde la fecundidad adolescente se redujo
en el último período, se verifica un aumento de la desigualdad (Colombia, Perú), que significa que la
maternidad adolescente disminuyó más lentamente entre las más pobres. Se ratifica, una vez más,
que para reducir la maternidad adolescente se deben redoblar los esfuerzos para abatir las barreras
de acceso a la anticoncepción entre las adolescentes pobres.
• La fecundidad no deseada, que predomina ampliamente entre las adolescentes. Esto se traduce en una
situación de facto de vulneración de derechos reproductivos, que según las encuestas especializadas
posteriores al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo ha seguido aumentando (aunque
a ritmos más lentos que en el pasado en algunos países, como Colombia). En algunas investigaciones
recientes (Rodríguez, 2017) se subraya que la fecundidad adolescente no deseada también es elevada
entre las adolescentes de bajo nivel socioeconómico, por lo cual los altos índices de maternidad
adolescente entre ellas constituyen una vulneración masiva de los derechos reproductivos y sugieren
un déficit de educación sexual y barreras de acceso a la anticoncepción mayores para este grupo 68 .
• La iniciación sexual y nupcial temprana, por cuanto la precocidad suele estar relacionada con mayores
riesgos de todo tipo, incluido el abuso, y mayor asimetría de poder en la relación. Respecto de la
iniciación nupcial temprana, en la región no es frecuente el matrimonio forzado y en general está penado
por la ley. Asimismo, en la mayoría de los países la edad legal para casarse se alcanza a los 18 años 69 .
Con todo, esto no impide que todavía muchas adolescentes (también numerosos adolescentes, pero
menos) se unan antes de los 18 años (el 29% en 2015, según el sistema de seguimiento de los ODS),
en particular en los grupos más pobres y excluidos. Esto ha sido considerado paradójico por algunos
especialistas (Esteve y Flórez-Paredes, 2014), por cuanto lo esperado es una postergación de la
unión. Se necesitan acciones multisectoriales y no solo legales: es fundamental ofrecer alternativas
(escolares, laborales, de vida en general) a las adolescentes, fortalecer su autonomía y capacidad de
decisión para que no se vean presionadas a una unión temprana y erradicar prácticas culturales de
sometimiento femenino. Si bien en el caso de la iniciación sexual temprana también hay definiciones
legales en la mayoría de los países, esos límites no bastan para prevenirla 70 . Superada la edad mínima
de libre consentimiento, el foco debe estar en una educación sexual sólida, que empodere a las y los
adolescentes para que tomen decisiones libres, informadas y seguras.
• El carácter todavía secundario de la salud sexual y reproductiva de los hombres, en particular en materia
de datos e investigación. Los espacios saludables y los servicios amigables han contribuido a cerrar
algunas brechas porque, al menos teóricamente, cubren a ambos sexos en igualdad de condiciones.
No obstante, las mujeres acuden más a ellos que los hombres 71 . Cualquiera sea el caso, en este
informe se presenta escasa información sobre la salud sexual y reproductiva de los adolescentes
hombres debido, básicamente, a la falta de datos. Los datos disponibles son parciales y esporádicos
y no se prestan para un seguimiento regional comparado. Se trata de una laguna y un desafío, tanto
para los países como para el segundo informe de seguimiento regional del Consenso de Montevideo
sobre Población y Desarrollo.
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En este caso se aprovecha la información de las encuestas especializadas, que incluye a las embarazadas por primera vez.
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La base de datos regional sobre maternidad (MATERNILAC) del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL
muestra, sobre la base de datos de una decena de censos de la ronda de 2010, que más del 60% de las mujeres de 20 años con 8 o menos años de educación
ya había sido madre, porcentaje que se reducía a alrededor del 40% entre quienes tenían entre 9 y 12 años de educación y a menos del 10% entre aquellas con
13 o más años de educación.
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En general, la tendencia en la región ha sido a aumentar la edad legal para casarse. Por ejemplo, en 2015 se realizó una reforma del Código Civil en el Ecuador,
mediante la cual se incrementó la edad mínima para contraer matrimonio de 12 a 18 años (Gobierno del Ecuador, 2017). En el Paraguay, también en 2015, se
reformó la Ley núm. 5419 y se elevó la edad mínima para contraer matrimonio legal a los 18 años (16 años en casos excepcionales y con autorización parental).
Con todo, aún hay países con edades legales mínimas para casarse inferiores, como Suriname (15 años).
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En varios países la edad mínima es 14 años y antes de esa edad se considera violación. Más allá del justificado afán protector de esta edad mínima, en algunos
casos se pueden criminalizar relaciones consentidas, por ejemplo, en relaciones románticas tempranas, algo que debería considerarse en los procedimientos
y las decisiones judiciales.
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En 2016 en México (único país con datos oficiales), el 62,5% de los beneficiarios de las prestaciones de los servicios amigables fueron mujeres.
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