Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Algunos países también reconocen que existen muchos desafíos relacionados con estas medidas para
proteger los derechos humanos. Granada, por ejemplo, consigna en su informe que, si bien existe una ley
que les permite entrar en el país, la situación de los refugiados debe ser más definitiva. Por ejemplo, es
preciso regular la documentación de viaje necesaria y establecer protocolos específicos para los refugiados
y los apátridas. México menciona numerosos desafíos, como la necesidad de hacer frente a los problemas
derivados de la discriminación estructural de las personas migrantes, es decir, la violación de sus derechos
humanos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno; la violencia ejercida por grupos criminales
(robos, secuestros, violaciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias, y la falta de acceso a servicios
básicos como la atención médica y la justicia, así como la menor remuneración que reciben las personas
migrantes por hacer el mismo trabajo que otras personas.
4. Conclusiones
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo se aprobó antes de la declaración del Segundo
Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, aprobada en octubre de 2013, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y las definiciones y objetivos del proceso de consultas y negociaciones
sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se inició en 2017 y culminó con la
aprobación del Pacto en 2018. Sus medidas prioritarias son claramente precursoras de las agendas mundiales
y la región tiene en ellas una fortaleza que mostrar y un propósito que cumplir.
Desde el punto de vista de los logros conseguidos en el Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, hay situaciones disonantes. Los países tienden a resaltar más avances que desafíos, pero es
importante debatir si esos avances en materia de protección de las personas migrantes en los países de la
región son verdaderos y si, efectivamente, se pueden imputar a este instrumento o, por el contrario, falta
aún un horizonte temporal para evaluar las acciones. Por lo menos, la sensibilización lograda es valiosa y
los países aceptaron reconocer que las políticas bien gestionadas son las que se basan en el enfoque de
derechos humanos.
Asimismo, el cuadro general de desprotección de las personas migrantes sigue siendo preocupante y son
múltiples los ejemplos en los diversos corredores migratorios que así lo demuestran, como las emergencias
llamadas humanitarias planteadas por las caravanas migratorias, la migración venezolana hacia distintos
territorios, las deportaciones, la problemática de la niñez y la adolescencia migrante o los flujos mixtos.
Como línea de base, en su formulación original, en 2013, las medidas prioritarias fueron concebidas de
cara al Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. En dicha reunión se
expresó el compromiso de trabajar a favor de la protección de las personas migrantes y la facilitación de la
migración, lo que indicaba el surgimiento de una respuesta mundial frente a las enormes problemáticas que
enfrentan dichas personas y el desafío de los Estados por atenderlas. Como la resolución carecía de un plan
de acción y de iniciativas de monitoreo y seguimiento, a nivel regional el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo se instaló como una opción de mucha relevancia, puesto que en él se reconocieron
tempranamente las problemáticas de la niñez y la adolescencia migrantes, de las mujeres en las distintas
fases del proceso migratorio y de las vulnerabilidades que los ciclos migratorios imponen a las personas (como
el retorno forzado y el tránsito, dos aspectos en expansión) y las necesidades apremiantes de inclusión y
protección social de inmigrantes y emigrantes, las mismas personas en tránsito y deportadas, las víctimas
de trata y los menores no acompañados, entre otros aspectos.
Estas mismas situaciones han ido ganando creciente visibilidad y los Gobiernos de la región realizan
enormes esfuerzos por encararlas. En esta tarea, es necesario mantener el ímpetu desplegado en la aplicación
de algunas de las medidas, como se desprende de los informes nacionales disponibles, y emprender esfuerzos
especiales en relación con aquellas rezagadas y frente a las situaciones de emergencia antes señaladas.
El capítulo F del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo contiene muchos desafíos para los
países. Cualquiera sea el caso, hay grandes tareas por delante. Se trata de que los países aseguren la creación
y mantención de garantías para responder a la necesidad de disponer de políticas y normativas nacionales
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