Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Entre las políticas nacionales que incluyen de manera explícita a los pueblos indígenas, se puede mencionar
el Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020) de la Argentina, entre cuyos ejes de
acción se encuentra el de los pueblos indígenas, y que apunta al desarrollo integral de sus comunidades:
incluye, por ejemplo, planes de salud, de vivienda, de previsión social, de educación intercultural bilingüe, de
difusión del patrimonio cultural y de ayuda social a los miembros de las comunidades indígenas (Gobierno de
la Argentina, 2018). El Brasil cuenta con el programa Bolsa Família, que en 2017 cubría a cerca de 114.000 familias
indígenas en todo el país (Gobierno del Brasil, 2017). Chile tiene el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL)
y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP-CONADI (PDTI), que implementa el Ministerio de
Agricultura desde 2017 y que apunta a mejorar y ampliar los sistemas productivos de comunidades y familias
indígenas; el Programa de Caminos Básicos, del Ministerio de Obras Públicas, para mejorar la conectividad vial
rural, que incluye a las comunidades indígenas, y el Capítulo Indígena de la Política Energética 2050, lanzada
por el Ministerio de Energía en 2017, cuyo enfoque tiene relación directa con el reconocimiento, la promoción
y la protección de los derechos de los pueblos indígenas (Gobierno de Chile, 2017).
Costa Rica incorpora la cosmovisión indígena en la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
2013 a 2030 del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), de forma que se desarrollen
asentamientos humanos pertinentes y coherentes con las necesidades de los pueblos indígenas en cada
contexto territorial (Gobierno de Costa Rica, 2017). En Panamá, el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019
“Un Solo País” (de 2014) hace referencia explícita a las comarcas indígenas. Por su parte, Guatemala ha
establecido el Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, elaborado con la participación e inclusión de todos los
sectores de la sociedad, especialmente representantes de los pueblos maya, garífuna y xinka (Gobierno de
Guatemala, 2017). En el caso de Colombia, cabe destacar el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) de 2016, que marca un
hito fundamental y esperanzador para revertir la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el
país. En este acuerdo se considera de manera transversal la situación de los pueblos indígenas y se incluye un
capítulo específico tendiente a garantizar sus derechos individuales y colectivos (Gobierno de Colombia, 2018).
La mayoría de los países informan sobre acciones (desde la aprobación de leyes, políticas y programas,
hasta la elaboración de reglas y procedimientos para la aplicación de las normativas) especialmente dirigidas
a la educación intercultural bilingüe, la promoción y revitalización cultural (incluidos los idiomas indígenas)
y la salud intercultural. Aunque en menor medida, también se observan acciones relativas al derecho a la
identidad, el combate al racismo, la participación y el consentimiento libre, previo e informado (véase el
apartado 2.a de esta sección), los derechos territoriales (véase el apartado 3 de esta sección) y el acceso a
la justicia. En México, por ejemplo, se elaboró el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en
casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, “adecuándose a los más
altos estándares nacionales e internacionales” (Gobierno de México, 2018). También se firmó el Convenio
Marco de Colaboración para la Implementación del Sistema de Justicia Penal con una Visión Intercultural y
Multilingüe, que tiene como objetivo garantizar un acceso pleno a la justicia a las personas y comunidades
indígenas, quienes por primera vez contarán con abogados bilingües gratuitos e intérpretes que, además de
su idioma, también conocerán sus usos y costumbres (Gobierno de México, 2018).
En las acciones puestas en marcha en varios países se presta especial atención a la situación de mujeres,
niños, niñas y jóvenes indígenas. No obstante, se observa un cierto vacío en lo que respecta a las personas
mayores indígenas o las personas indígenas con discapacidad. Tampoco parece haberse avanzado en políticas
especiales para pueblos indígenas transfronterizos, cuyos territorios ancestrales fueron particionados durante
la creación de los Estados. Al respecto, la República Bolivariana de Venezuela menciona la Ley Orgánica de
Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se hace una referencia explícita a los pueblos y comunidades indígenas
ubicados en zonas fronterizas y su derecho a mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con sus
pares de países limítrofes, en las dimensiones sociales, económicas, culturales, espirituales, ambientales y
científicas (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2017). Por último, con la excepción del Uruguay,
todos los países dan cuenta en sus informes nacionales del establecimiento de mecanismos participativos
de los pueblos indígenas para la definición de varias de sus acciones.
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