Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
cargos directivos, lo que pone de manifiesto problemas de sostenibilidad en los logros alcanzados. Además,
en general, la entrada de las mujeres al mercado laboral todavía está más concentrada en ocupaciones
vinculadas al cuidado, así como al trabajo informal y precario, y con menos horas de trabajo remunerado en
comparación con los hombres.
Un paso importante para reforzar la posibilidad de que los países puedan tomar medidas para contribuir
al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y eliminar la discriminación de género fue la adopción, en
la Asamblea General en 1999, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer. Cabe destacar que no todos los países de la región han firmado
o ratificado ese Protocolo, en el que los Estados signatarios están obligados a reconocer la competencia del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las quejas expresadas
por personas o grupos organizados de la sociedad civil. Según datos del OIG, en el Caribe solo Antigua y
Barbuda, Belice y Saint Kitts y Nevis han ratificado el Protocolo 110 . La mayoría de los países latinoamericanos
lo ha firmado, pero de los 17 que firmaron, 3 todavía no lo han ratificado (Chile, Cuba y El Salvador). Como
parte del compromiso asumido en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo para la eliminación
de las inequidades de género, la ratificación de este Protocolo es un paso importante en todos los países.
b) Situación en relación con la autonomía económica
Gran parte de las desigualdades de género, que a su vez potencian otras desigualdades, se relacionan
con la participación en el mercado laboral, que también está asociada a la histórica y desigual división sexual
del trabajo. En este sentido, la búsqueda de autonomía económica, que es la capacidad de generar ingresos y
recursos propios a partir del acceso a trabajo remunerado en igualdad de condiciones para hombres y mujeres
(CEPAL, 2011), está entre las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Actualmente, las mujeres se concentran en sectores de baja productividad y, en buena medida, en el trabajo
precario e informal, e incluso en los empleos formales persiste la brecha salarial y la segmentación. Cabe
señalar que en la región solo una de cada dos mujeres en edad de trabajar tiene empleo o lo busca, es decir,
es económicamente activa (CEPAL, 2016b). En este contexto, la medida prioritaria 54, en concordancia con
las metas 5.4, 8.5 y 10.3 de los ODS, llama a que los Estados puedan “impulsar leyes y desarrollar y fortalecer
políticas públicas de igualdad laboral que eliminen la discriminación y las asimetrías de género en materia
de acceso a empleos decentes y permanencia en ellos, remuneraciones y toma de decisiones en el ámbito
laboral, y que reconozcan el valor productivo del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado”.
En lo que respecta a aumentar la productividad del trabajo, varios países se refieren en sus informes a
planes y acciones que promuevan el aumento de la empleabilidad de poblaciones que presentan vulnerabilidad.
En todos los informes de países se mencionan los esfuerzos en cuanto al primer empleo decente para los
jóvenes, tanto con programas para la incorporación de las personas desempleadas a su primer empleo como
con acciones de educación y capacitación para las personas subempleadas o las que todavía no ingresaron
a la vida laboral (entre ellos, los informes nacionales del Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, el Perú, Suriname, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)).
En los informes se hace especial mención a los jóvenes que no tienen un trabajo remunerado ni estudian, la
mayoría de los cuales son mujeres. Más de la mitad de los jóvenes que no estudian ni están empleados se
dedican al trabajo doméstico no remunerado y a las tareas de cuidado (CEPAL, 2016b). Las mujeres jóvenes
representan más del 90% de este grupo y tienen a cargo el cuidado de hijos, hermanos o personas mayores
(CEPAL, 2016b). También se hace referencia a la existencia de programas dirigidos a las adolescentes que
son madres (por ejemplo, en Saint Kitts y Nevis).
Además de programas para cerrar brechas generacionales y de género, en los informes de los países
se mencionan los programas para poblaciones específicas, como las personas con discapacidad (Chile y
Suriname), las poblaciones rurales femeninas (Chile, El Salvador y Jamaica), las poblaciones indígenas y otras
110
Véase Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), “Países que han firmado y ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, Santiago, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) [en línea] https://oig.
cepal.org/es/indicadores/paises-que-han-firmado-ratificado-protocolo-facultativo-la-convencion-la-eliminacion.
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