Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
En algunos países se vienen desarrollando acciones en los territorios que históricamente han ocupado las
personas afrodescendientes, que coinciden con los lugares de asentamiento del período esclavista (o bien áreas
de destino, o bien aquellas donde se refugiaban cuando lograban huir). Si bien las políticas de fortalecimiento
de las comunidades afrodescendientes no son generalizadas, destacan los casos del Brasil y Colombia. En este
último país se ha conseguido un avance significativo en relación con el reconocimiento territorial y el derecho
a la propiedad colectiva de la tierra. En aquellos países donde las poblaciones afrodescendientes constituyen
minorías desde el punto de vista de su tamaño, también se registran acciones en áreas específicas, como
ejemplifica Chile con el programa Fomento y Difusión de las Artes y las Culturas de los Pueblos Indígenas, que
incluye a la comunidad afrodescendiente —en cuanto pueblo tribal— de la región de Arica y Parinacota. Chile
informa que, en 2016, participaron 16 organizaciones afrodescendientes de esta región en la elaboración de
planes dirigidos a la revitalización territorial, y describe el desarrollo de una serie de actividades, en las que,
hasta 2017, han participado 31 organizaciones afrodescendientes (Gobierno de Chile, 2018).
Finalmente, la medida prioritaria 97 del Consenso de Montevideo hace referencia a garantizar políticas
y programas para la elevación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes asegurando
plenamente sus derechos, en particular los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por una parte, varios
países mencionan que las políticas y programas dirigidos (o que incluyen) a las personas afrodescendientes
tienen en cuenta las intersecciones de género y generacionales. Por otra parte, algunos países incluyen a
las mujeres afrodescendientes en las políticas sectoriales. Por ejemplo, en Chile, el Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género considera explícitamente a las mujeres afrodescendientes de Arica y Parinacota en
las acciones que lleva a cabo. En Guatemala, el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 tiene entre
sus objetivos el desarrollo integral de las mujeres garífunas. Panamá informa que, en uno de los ejes del
Plan de Acción de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 20162019, se desarrollan tres lineamientos
estratégicos relacionados con la promoción de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo
integral de las mujeres, entre ellas, las afrodescendientes. En el caso del Perú, la Política Sectorial de Salud
Intercultural, formulada en 2016, establece de manera explícita la garantía del derecho a la salud de los pueblos
afroperuanos. El Uruguay se refiere al Instituto Nacional de las Mujeres, que desde 2005 ha tenido un papel
de referencia y apoyo en la incorporación de la transversalización de la perspectiva étnico-racial en el Estado.
A partir de 2015, el gobierno nacional realizó cambios para atender esta cuestión a través de la promoción de
una mirada integral, planificada y territorial que permita la incorporación de dicha perspectiva en las estrategias
presupuestales y en las acciones que se lleven a cabo hasta 2050.
4. Las condiciones de vida y el entrecruce de las desigualdades
La matriz de desigualdad social que persiste en la región tiene como ejes estructurantes el género, el ciclo
de vida, la condición étnico-racial y el territorio. Estos factores se entrecruzan y potencian, y de ahí que, en
la medida prioritaria 93 del Consenso de Montevideo, se acuerde abordar las desigualdades de género, raza,
etnia y generacionales, teniendo en cuenta las intersecciones de estas dimensiones en las situaciones de
discriminación que sufren las mujeres y, especialmente, las jóvenes afrodescendientes. Asimismo, la medida
prioritaria 97 hace referencia a la necesidad de elevar las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes,
y la medida prioritaria 95, a garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las personas afrodescendientes,
en particular la salud sexual y la salud reproductiva de las niñas, adolescentes y mujeres. En este apartado se
brindará un panorama regional de estos temas, sobre la base de un estudio reciente realizado por la CEPAL
(CEPAL, 2017b).
Aunque en la región se ha logrado reducir los niveles de pobreza de manera significativa, estos continúan
siendo muy superiores entre las poblaciones afrodescendientes, si bien la información con la que se cuenta
es fragmentaria. En los cuatro países de los que se dispone de cifras, que se presentan en el gráfico III.33, se
aprecia que, en 2014, el porcentaje de personas afrodescendientes en situación de pobreza, en comparación
con el porcentaje de no afrodescendientes en esa situación, era casi el triple en el Uruguay, más del doble en
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