Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Resumen ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Cabe señalar que en varios informes se constata la ausencia de información desagregada por territorios
o regiones, por área urbana y rural, por población según raza y etnia, o por población con discapacidad, entre
otras. La producción de información, que incluye la construcción de planes de cooperación entre los diversos
productores de datos nacionales, definiendo las prioridades temáticas, la periodicidad del dato, los niveles
de desagregación, las responsabilidades de la recolección de los datos y los recursos financieros asignados
para el proceso, es esencial para obtener los datos de los indicadores acordados para el seguimiento regional.
Además, las especificidades institucionales y las prioridades temáticas nacionales deben incluirse de forma
explícita en los informes nacionales para que los países puedan indicar sus avances y posibles rezagos en
las políticas y acciones de los distintos ámbitos en futuros informes. El desafío que plantean la información
y los indicadores relativos a cada uno de los capítulos del Consenso de Montevideo llama a que los países
planifiquen con antelación la producción de datos para los próximos informes nacionales sobre el avance en
la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
El seguimiento de este capítulo del Consenso de Montevideo se realiza en tres ámbitos. El primero corresponde
a las medidas prioritarias 7, 9, 10 y 16 de dicho Consenso, que contienen aspiraciones relativas al bienestar
general del grupo, que son compartidas con la Agenda 2030 y otras agendas internacionales 7 . El segundo
ámbito es más específico del Consenso, aunque también es compartido con la agenda regional de juventud
y tiene conexiones con otras agendas, y refiere a la medida prioritaria 8, que apunta a que adolescentes y
jóvenes participen activamente en la sociedad y en la toma de decisiones, en particular en los asuntos que
les atañen. Por último, el tercer ámbito está conformado por las medidas prioritarias 11 a 15, relativas a la
educación integral para la sexualidad, la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, y los derechos
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, todos temas presentes en otras agendas internacionales,
pero que en el Consenso se expresan en aspiraciones de una profundidad y un alcance sobresalientes.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo reforzó la presencia de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en la denominada “agenda social”, tanto por definir y destacar un conjunto de adversidades que
afectan de manera especial a este grupo y comprometen su trayectoria y bienestar posterior (al igual que
el futuro de sus sociedades), como por fomentar un enfoque de derechos en las políticas relativas a este
segmento de la población.
En el período de referencia, los países de la región realizaron múltiples acciones tendientes a mejorar las
condiciones de vida de este grupo. De hecho, pese a la crisis económica, se redujeron la mortalidad en la
niñez y el trabajo infantil, la educación básica alcanzó una virtual universalización y los niveles de conclusión
de la educación secundaria y terciaria también aumentaron. Sin embargo, estos esfuerzos no bastaron para
evitar el aumento de la pobreza, aunque probablemente moderaron su alza.
Más allá de estas mejoras, las oportunidades educativas todavía son limitadas para una fracción muy grande
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En general, los niveles de conclusión de la educación secundaria
aún son bajos entre niños y adolescentes, y solo una minoría logra ingresar a un nivel postsecundario. Los
resultados de las pruebas internacionales estandarizadas de conocimientos siguen siendo adversos para la
región y tanto el acceso a la educación como la calidad de este servicio se mantienen muy desiguales entre
grupos sociales y étnicos. Además del desafío educativo, persiste la marginación laboral entre adolescentes y
jóvenes, cuyas tasas de desempleo son mucho mayores que en las otras edades y además se incrementaron
en los últimos años debido a la crisis económica, en particular en el Brasil. La violencia, que afecta de diversas
formas a este grupo, sigue siendo una gran preocupación y no hay signos de descenso.
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Las medidas prioritarias mencionadas se refieren a una vida libre de pobreza, violencia y discriminación; a la inversión en la juventud, especialmente en la educación
pública, universal, laica, intercultural, libre de discriminación, gratuita y de calidad, y a la implementación de políticas de trabajo y empleo y programas especiales
de formación para la juventud.
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