Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Jamaica informa sobre los progresos realizados en la aplicación de los sistemas de información geográfica
para añadir una dimensión espacial al marco de planificación nacional en las áreas de gestión de los recursos
hídricos, salud, vivienda, reducción y gestión del riesgo de desastres, planificación urbana y regional, transporte,
gestión de desechos y gestión forestal (Gobierno de Jamaica, 2018). Granada ha elaborado una Política y
Estrategia Integral de Gestión de Desastres, diseñada para lograr objetivos como los siguientes: i) fomentar
un entorno propicio para la Política; ii) mejorar la gestión del riesgo de desastres; iii) desarrollar una sólida
resiliencia ante los desastres; iv) integrar la Política en todas las áreas de la planificación y el desarrollo nacional,
y v) fortalecer las alianzas para la Política (CEPAL, 2018, pág. 67). En la Política se reconoce la importancia de
abordar cuestiones como las prácticas insostenibles de ordenación territorial (incluido el cambio inapropiado
del uso de la tierra y el desarrollo territorial en lugares vulnerables, como a lo largo de laderas empinadas,
orillas de ríos y zonas costeras). Granada admite que, si bien todos los activos son propensos a sufrir
efectos negativos en dichas áreas, los asentamientos informales son los que corren mayor riesgo, debido
a un diseño y una planificación inadecuados, agravados por la elevada exposición a situaciones de riesgo
(CEPAL, 2018, pág. 67).
La medida prioritaria 83 se vincula no solo con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y sus metas, sino también con la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En
ella, los países proclamaron que toda persona tiene el derecho a saber, es decir, el derecho de contar con
la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades. Este derecho se formuló en
el Principio 10 de la Declaración. Por tanto, es importante contar con información respecto de estos temas.
Una fuente de información relevante que destacan Montero y García (2017) son los registros de emisiones y
transferencias de contaminantes. Estos registros son una herramienta digital, abierta al público y con datos
desagregados y estandarizados sobre emisiones y transferencias al medio ambiente de sustancias químicas
potencialmente dañinas. Las autoras indican que, desde su creación, estos registros han demostrado múltiples
beneficios para todos los sectores de la sociedad. Pese a ello, comentan que actualmente solo dos países
de la región —Chile y México— disponen de un registro de emisiones y transferencias de contaminantes
operativo y que da origen a informes periódicos. No obstante, otros países de la región se encuentran en
distintas fases de desarrollo de esta herramienta.
i) Contaminación atmosférica en las ciudades de la región
Uno de los problemas más importantes para la salud de los asentamientos humanos es la contaminación
del aire. Diferentes grupos de población (niños, personas mayores, personas con inmunodepresión) se ven
afectados por enfermedades respiratorias, cuyos síntomas e incluso el riesgo de muerte asociado se acentúan
o agudizan por efecto de la contaminación ambiental. En los últimos años se ha observado un marcado
aumento de las enfermedades respiratorias entre niños en Bogotá o en los períodos invernales en Santiago
(Montero y García, 2017), lo que señala la amenaza para la salud pública que representa la contaminación
atmosférica. Además, estas afecciones se presentan más acentuadas en la población de menores ingresos,
que se localiza en las áreas más contaminadas o de riesgos; en consecuencia, se está en presencia de una
doble injusticia ambiental, puesto que esa población es la que menos consume, debido a la escasez de sus
ingresos económicos, y por lo tanto la que menos contribuye a las emisiones de contaminantes (Montero
y García, 2017).
La base de datos de las Naciones Unidas sobre indicadores de los ODS presenta información sobre los
niveles medios anuales de partículas finas (PM2.5) en microgramos por metro cúbico de aire correspondientes
a 2012. El promedio general de América Latina y el Caribe es de 16,8 microgramos por metro cúbico, y no se
observan grandes variaciones entre países. Los valores más altos se registran en Honduras (39,58 microgramos
por metro cúbico) y El Salvador (35,8), mientras que los valores más bajos se presentan en el Uruguay (11,34)
y el Brasil (10,48) (véase el gráfico III.28).
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