Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
se plantean en el indicador D.11, sobre si existe en el país legislación que permite la interrupción voluntaria del
embarazo de acuerdo con las siguientes causas: i) por la sola voluntad de la mujer; ii) por violación o incesto;
iii) por peligro para la vida de la mujer; iv) por peligro para la salud de la mujer, y v) por otras causas. Sin embargo,
en la Encuesta de las Naciones Unidas entre los Gobiernos sobre la población y el desarrollo, se informa sobre
este dato. Dicha información se sistematiza en el anexo III.A2, relativo a 2013 y 2015, donde se añaden datos
más actuales recolectados en los informes nacionales. En el cuadro que figura en dicho anexo se observa
que solo hay cuatro países donde el aborto está permitido en cualquier situación: Cuba, Guyana, México (en
algunos estados) y el Uruguay. Hay otros dos países donde está permitido incluso por razones económicas
o sociales: Barbados, y San Vicente y las Granadinas. Por otra parte, según esta encuesta, en El Salvador y
Nicaragua, en 2015, el aborto no estaba permitido en ninguna circunstancia. En la República Dominicana, de
acuerdo con la encuesta de 2015 (véase el cuadro del anexo III.A2), se permitía el aborto para salvar la vida
de la mujer. Entretanto, la ley aprobada en 2014 (Ley núm. 550-14), que permitió esta causal, fue considerada
inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en 2016 88 y en el informe del país
se relata que, en la actualidad, el aborto está totalmente penalizado y el tema está siendo debatido.
En algunos países donde el aborto no está permitido, se menciona que este de todos modos se practica
y que no hay penalización; esto constituye una gran preocupación, pues en general los abortos se realizan
de manera insegura, lo que aumenta las tasas de mortalidad materna 89 . Como ejemplo, en el informe del
Paraguay se menciona que el aborto figura como la segunda causa de mortalidad materna en el país. De
todas formas, es importante mencionar que la despenalización o legalización del aborto ha sido discutida en
el ámbito del código penal, en los congresos o en los tribunales de justicia de algunos países en estos últimos
años. Por otra parte, en el informe de la Argentina se menciona que, en 2018, la Cámara de Diputados de la
Nación Argentina aprobó un proyecto para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, pero este
no fue aprobado en el Senado, por lo que continúa vigente el marco legal anterior, en el que solo se permite
el aborto para proteger la salud y la vida de la mujer y en caso de violación.
Con relación a los indicadores de monitoreo relativos al número de hospitalizaciones por complicaciones
del aborto desagregado por grupos de edad (D.10) y al porcentaje de centros de atención de la salud que
disponen de medicamentos para aborto y cuentan con personal capacitado y material para realizar abortos
seguros y proporcionar cuidados posteriores al aborto (D.12), casi no hay información disponible, aunque
esta puede recolectarse en los registros administrativos del sistema de salud. En el Brasil se informa que
el indicador D.10 disminuyó de 195.233 hospitalizaciones en 2013 a 184.776 en 2016. También se informa
que hay 77 servicios registrados para la realización de aborto legalizado, pero que la legislación permite que
cualquier hospital con servicio de obstetricia realice el procedimiento. Sin embargo, se informa que es baja la
cantidad de solicitudes de procedimientos legales de aborto. En el caso del Perú, el Gobierno informa que, en
2016, se realizaron 311 procedimientos de aborto terapéutico, pero que en esta cifra se subestima mucho la
práctica del aborto y el subregistro no permite analizar la dimensión real del problema en el país. Suriname, a
su vez, informa que en las encuestas se estimó que el 8% de las mujeres de 15 a 24 años se había realizado
un aborto y que las cifras más altas estaban entre las indígenas (24%), las criollas (15%) y las mujeres de
ascendencia mixta (10%).
En relación con el Uruguay, debido a la reciente despenalización del aborto, los datos que se presentan
se refieren al número de abortos realizados 90 . Según el informe, en 2013 se hicieron 8,6 abortos por cada
1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad, cifra que se incrementó levemente a 11,5 por 1.000 en 2016, con una
mayor incidencia en las mujeres de 15 a 19 años (12,3 por 1.000 en 2016). Según el informe, los servicios para
la realización del aborto están implementados en todo el país, pero hay localidades donde es alta la adhesión
de los profesionales de la salud al recurso de objeción de conciencia, lo que dificulta el acceso. No obstante,
los centros de salud están obligados a trasladar a la mujer a otro servicio donde pueda realizarse el aborto.
88
Véase Sentencia TC/0599/15, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, “Sentencia TC/0599/15” [en línea] https://www.tribunalconstitucional.gob.do/
consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc059915/.
89
Es importante mencionar un estudio reciente en que se muestra que los abortos son más inseguros para las mujeres en los lugares donde hay leyes más restrictivas
de acceso a él (Singh y otros, 2018).
90
El Gobierno del Uruguay (2018) informa que, desde 2012, tras la aprobación de la Ley núm. 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el aborto está habilitado
legalmente en el país hasta las 12 semanas de gestación por sola voluntad de la mujer; hasta las 14 semanas cuando el embarazo es producto de una violación,
y sin plazo cuando hay grave riesgo de salud para la mujer embarazada o malformación fetal incompatible con la vida.
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