Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
H. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
1. El contexto
La inclusión de un capítulo específico referido a los pueblos indígenas en el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo refuerza el compromiso de los países de la región por avanzar en la implementación de
acciones que permitan garantizar el ejercicio de los derechos de estos pueblos. Asimismo, refleja el rotundo
posicionamiento de los pueblos indígenas en las agendas públicas para que se responda a sus demandas
históricas, que han sido reconocidas y plasmadas en diversos instrumentos internacionales. El corolario de las
prolongadas luchas indígenas se expresa en la actualidad en la existencia de estándares mínimos de derechos
obligatorios para los Estados, sintetizados en el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas (2007). Estos instrumentos constituyen el marco normativo para implementar los
derechos de los pueblos indígenas y se reafirmaron en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas
de las Naciones Unidas, realizada en septiembre de 2014, ocasión en que los Estados acordaron una serie de
compromisos relacionados con estos asuntos a nivel mundial.
Más recientemente, los pueblos indígenas también fueron convocados para la definición de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, si bien no lograron incluir
todas sus demandas, hay dos metas que hacen referencia explícita a ellos (metas 2.3 y 4.5) y otras dos en
donde se hace mención a la etnia (metas 10.2 y 17.18). De todas maneras, en virtud de la premisa de “que nadie
se quede atrás”, la Agenda 2030 hace necesaria la inclusión de los pueblos indígenas de manera transversal
para la concreción de todos sus objetivos.
Uno de los factores inherentes a la matriz de profunda desigualdad que caracteriza la región es el factor
étnico (CEPAL, 2016), que en el caso de los pueblos indígenas se inicia con la llegada de los conquistadores
europeos, se prolonga durante el período colonial y se consolida durante la creación de los Estados-nación.
De ahí que, como resultado de largos procesos de exclusión y subordinación, los pueblos indígenas hayan
presentado hasta la actualidad situaciones más desfavorables en toda la región. Este hecho es reconocido en
prácticamente todos los informes nacionales elaborados por los países para dar seguimiento a la implementación
del Consenso de Montevideo, tanto en América Latina (12 países) como en 2 países del Caribe (Guyana
y Suriname).
2. Los avances normativos y de políticas y las brechas
de implementación
La medida prioritaria 85 del Consenso de Montevideo, relativa a respetar y aplicar la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio núm. 169 de la OIT, implica la realización
de una diversidad de acciones para implementar los estándares mínimos de los derechos políticos, civiles,
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Para su seguimiento existen tres mecanismos
dentro del sistema de las Naciones Unidas: el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Relator
Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (Consejo de Derechos Humanos) y el Mecanismo de
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Consejo de Derechos Humanos). Por su parte, la OIT
cuenta con un sistema de supervisión de los convenios ratificados por los Estados para vigilar que estos
cumplan con las disposiciones estipuladas en ellos, puesto que son de carácter vinculante. En 2016, los
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que se suma al reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas en la región y que se espera fortalezca aún más la acción del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos y de los propios Estados. En este contexto, el seguimiento regional del Consenso de
Montevideo se alimenta de estos mecanismos y contribuye a ellos.
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