Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
de las personas afrodescendientes. En la Declaración y Programa de Acción de Durban, se insta a los Estados
a adoptar medidas fundamentales para luchar contra el racismo en todas sus manifestaciones, relacionadas
con el fortalecimiento de la educación, la lucha contra la pobreza, la garantía del desarrollo, el mejoramiento
de los medios y los recursos disponibles para las víctimas del racismo y el fomento del respeto a los derechos
humanos, entre otros. Los compromisos asumidos en la Declaración y Programa de Acción de Durban se
reafirman en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y su programa de actividades, cuyos objetivos
se centran en el reconocimiento, la justicia y el desarrollo y establecen una nueva etapa de trascendencia
histórica y política, que dará continuidad a las luchas contra la esclavitud, la desigualdad, la colonización y el
racismo que han movilizado históricamente a las personas afrodescendientes en el mundo (CEPAL, 2017a).
Los principales mecanismos para el seguimiento de estos asuntos dentro del sistema de las Naciones Unidas
son: i) el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ii) el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los
Afrodescendientes y iii) el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. El Grupo de Trabajo, en su informe de 2017, realiza un
análisis sobre la situación de las personas afrodescendientes a la luz de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y su compromiso de “que nadie se quede atrás”, y brinda una serie de recomendaciones para
promover los derechos de estas personas en sinergia con el Decenio Internacional de los Afrodescendientes
(Naciones Unidas, 2017a).
Los marcos jurídico-normativos nacionales hacen referencia con distintos niveles de especificidad a la
orientación de las políticas hacia las personas y comunidades afrodescendientes y a la protección de sus
derechos, ya sea porque hacen mención explícita de ellas como titulares de derechos individuales o titulares
de derechos colectivos o porque incluyen el tema en las leyes antidiscriminación (CEPAL, 2017b). En la
actualidad, más de la mitad de los países de América Latina condenan en sus constituciones la discriminación
por motivos de raza, etnia o color, además de por motivos de sexo y religión (CEPAL, 2017b). En el Brasil, el
racismo se considera un crimen imprescriptible y sin derecho a fianza, sujeto a pena de reclusión. En países
como la Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Haití, el Paraguay y el Uruguay, si bien las constituciones
no hacen referencia a los pueblos afrodescendientes, la población negra, la raza o el color de la piel, sí se
refieren a la igualdad y la no discriminación. Por último, en cuatro países —Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Colombia y Ecuador— se reconoce explícitamente a las personas afrodescendientes.
En dos de estos países se reconoce a las personas afrodescendientes el carácter de pueblo: en el Estado
Plurinacional de Bolivia, donde se lo denomina “pueblo afroboliviano”, y en el Ecuador, donde se hace referencia
al “pueblo afroecuatoriano”. De hecho, es en la Constitución del Ecuador (según la reforma de 2008) en la que
se habla de las personas afrodescendientes en mayor medida. En ella se dedica un capítulo exclusivo a los
derechos de las comunidades, los pueblos y las nacionalidades, incluida la población afrodescendiente, a la
que se le reconoce el derecho a desarrollar su identidad, conservar la propiedad de sus tierras comunitarias
(que serán inalienables, inembargables e indivisibles), participar en el usufructo de los recursos naturales
renovables que se hallen en sus tierras, ser consultados sobre la explotación de los recursos no renovables,
incluso pudiendo participar de los beneficios de dicha explotación y recibir indemnizaciones por los perjuicios
que esta les ocasione. Por su parte, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 reconoce
por primera vez en la historia del país a las personas afrodescendientes, señalando que la nación boliviana
está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos originarios y las
comunidades interculturales y afrobolivianas que en su conjunto constituyen el pueblo boliviano. En Colombia,
la interpretación de la Constitución Política de 1991 según los tratados internacionales ratificados abrió camino
a su reconocimiento como nación pluriétnica y multicultural e impulsó progresos legales en favor de las
personas y comunidades afrocolombianas, como la aprobación de la Ley núm. 70 de 1993 sobre comunidades
negras. Esto es muy importante, porque se relaciona con la posibilidad de disponer de autodeterminación y
ser sujeto de políticas que consideran derechos colectivos tales como la propiedad de tierras ancestrales y
la consulta en caso de interferencia en sus territorios. La Constitución del Brasil, aunque no hace referencia
a que las personas afrodescendientes constituyan un “pueblo”, contempla su reconocimiento implícito como
sujetos colectivos de derecho, puesto que, por ejemplo, reconoce la propiedad colectiva de la tierra a las
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