Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
creación de direcciones específicas, comisiones, consejos y mesas de trabajo, la formulación de instructivos
presidenciales y protocolos, el establecimiento de acuerdos bilaterales en amplios asuntos y la creación de
centros de atención y albergues, hasta llegar a tareas tan simples como la implementación de ventanillas de
atención para personas migrantes con necesidades específicas.
Mucho de este trabajo está impulsado por la intersectorialidad de los órganos y servicios del Estado, en la que
interactúan diversos ministerios, secretarías y subsecretarías, comisiones, servicios, institutos y direcciones nacionales
de migración. En algunos casos, se destaca la participación consultiva de las organizaciones de la sociedad civil.
Las diez medidas prioritarias de este capítulo pueden ser examinadas desde una visión regional según
su grado de avance, presentando algunos indicadores.
Cabe distinguir las medidas prioritarias que pueden considerarse como en estado de avance con respecto
a la situación de 2010 o 2013 (medidas en despliegue) y aquellas que presentan un panorama de rezagos y
que exhiben evidencias menos notorias de progreso. Independientemente de ello, cada país evalúa de manera
diferente estos avances, y lo que aquí se presenta es un cuadro general de la región.
a) Medidas prioritarias en despliegue
Las siguientes medidas prioritarias pueden clasificarse en proceso de despliegue hacia 2018:
66. Garantizar la plena inclusión de todos los asuntos de la migración internacional, incluidas las políticas
de regularización migratoria, en las agendas y estrategias mundiales, regionales y nacionales para el
desarrollo post-2015;
68. Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los derechos
humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los desafíos
que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración calificada
en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de hombres y mujeres y la
transnacionalización del cuidado.
La inclusión de la migración en las agendas mundiales es un asunto de la mayor importancia y la región lo
ha reconocido explícitamente a través de su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e
incluso con antelación en el propio Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. La regularización
migratoria, a su vez, es un aspecto sobre cuya relevancia existe creciente acuerdo, por el hecho de que constituye
un flanco objetivo de vulnerabilidad y desprotección. Durante la Reunión Regional Latinoamericana y Caribeña
de Expertas y Expertos en Migración Internacional preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura,
Ordenada y Regular, celebrada en 2017, por ejemplo, este tema se reconoció como central para los países
(CEPAL, 2018a). Por su parte, la medida 68 es muy compleja, ya que incluye varios frentes.
Respecto de estas dos medidas, los países informan de una variedad de iniciativas, que incluyen el
reconocimiento de la necesidad de encarar la irregularidad migratoria, la facilitación de la documentación,
el acceso a la justicia y, en general, la protección social, que forman parte del cuadro de factores afines a la
inclusión social. Casi de manera generalizada, se advierte interés en ampliar las poblaciones objetivo, pues
se identifican acciones dirigidas a emigrantes, inmigrantes, personas que han retornado, víctimas de trata y
tráfico, niñas, niños y adolescentes no acompañados, personas en tránsito y solicitantes de refugio.
Muchas de estas iniciativas se despliegan de manera intersectorial, a través de la creación o la preexistencia,
por ejemplo, de programas, planes, estrategias, direcciones y juntas nacionales, mesas de trabajo y consejos
técnicos, en los que se han elaborado protocolos de atención específica a poblaciones que se describen
como vulnerables o se trazan principios orientadores para los órganos y servicios del Estado. En los informes
nacionales también se señalan interrelaciones entre la migración y el desarrollo.
En el Caribe, Jamaica informa sobre su participación en iniciativas globales de inclusión de la migración
en las estrategias nacionales de desarrollo, mediante la creación, en 2017, de una política nacional y plan de
acción sobre migración internacional y desarrollo y varias iniciativas afines, como conferencias bienales de la
diáspora, estudios en el exterior, acuerdos bilaterales para asegurar la portabilidad y la transferibilidad de las
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