Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Gráfico III.5 (conclusión)
B. Nivel escolar secundario
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Argentina
Bolivia
(Est. Plur. de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep.
Dominicana
Uruguay
Venezuela
(Rep. Bol. de)
2013
2013
2015
2013
2015
2013
2015
2013
2016
2013
2016
2013
2016
2013
2016
2013
2014
2013
2016
2013
2016
2013
2014
2013
2016
2013
2016
2013
2016
2013
2016
2013
2016
2013
2015
Fuente: Observatorio de Juventud para América Latina y el Caribe (JUVeLAC) [en línea] http://dds.cepal.org/juvelac/estadisticas, para 2013 y procesamiento especial
de las encuestas de hogares, para 2016.
Nota: Indicador 73 de CEPAL, 2017b.
Ahora bien, el contexto macroeconómico adverso, la insuficiente coordinación de políticas, las limitaciones
de varias de ellas y la falta de acciones efectivas se conjugaron en el período de referencia para dificultar el
cumplimiento de aspiraciones contenidas en las medidas prioritarias 7, 9, 10 y 16. Entre otros aspectos, cabe destacar:
• La violencia relacionada con el grupo de referencia, que tiene al menos dos expresiones. Por una
parte, está la que se ejerce directamente sobre el grupo, aprovechando su condición de dependencia
y vulnerabilidad. En este caso los agresores pueden ser desde bandas criminales hasta vecinos y
familiares. El Estado mismo puede serlo, tanto por acción como por omisión. Esto último está bien
documentado en varios países, en particular con los niños y las niñas más vulnerables, que quedan a
su cuidado por imposibilidad, dificultades, pérdida o abandono de la familia de origen (UNICEF, 2013) 31 .
Desde 2013 a la fecha se han desplegado numerosas acciones para prevenir esta violencia y sancionar
a los agresores en los países de la región y hay signos evidentes de un aumento de la conciencia
social y la denuncia mediática de esta violencia 32 . No obstante, los indicadores regionales son muy
31
En el caso de Chile, esto se asume en el informe nacional, en el que se reconoce “La pésima situación de los centros de acogida del Sename” (Gobierno de Chile,
2018, pág. 226). En general, este grupo es uno de los que se consideran discriminados y en situación de vulnerabilidad, según el Comité de los Derechos del
Niño (Naciones Unidas, 2000). En la Argentina, desde 2017 se implementa el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales,
precisamente para mitigar la situación de desamparo en que se encuentra este grupo en general y, especialmente, al alcanzar la mayoría de edad.
32
Las acciones adicionales a las leyes y políticas de alcance general antes mencionadas incluyen: i) leyes y políticas más específicas, como la Ley núm.
1620 de Colombia de 2013, que crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad
y la prevención y mitigación de la violencia escolar (véase [en línea] http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201620%
20DEL%2015%20DE%20MARZO%20DE%202013.pdf); ii) políticas y planes específicos como: la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018 y el Plan
de Buen Trato y Erradicación de la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, puesto en marcha en 2016, en Chile; el Plan Estratégico Interinstitucional de
Juventudes de Panamá, cuyo eje estratégico número 3 se refiere a prevención de la violencia, seguridad ciudadana y acceso a la justicia; la Ley núm. 9406 de
Costa Rica sobre Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones
abusivas y la reforma del Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil y Código Civil, efectuada en
2016; iii) el establecimiento o fortalecimiento de instituciones específicas, como los institutos nacionales de juventud y los consejos multisectoriales antes
mencionados en Chile y El Salvador; iv) programas y campañas con objetivos específicos, por ejemplo prevenir el hostigamiento (bullying) y fomentar la
convivencia y la tolerancia en la escuela, como: el plan Escuela Segura en Chile; la declaración de 2016 como Año de Lucha contra el bullying en Costa Rica
(véase [en línea] http://www.mep.go.cr/noticias/mep-profundizara-acciones-contra-abuso-violencia-espacios-educativos); los contenidos específicos en el
Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia y el Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador; los Lineamientos
de Prevención de Maltrato infantil en el Ámbito Familiar de 2016 en México; la Política Judicial para la Protección Especial de las Niñas, Niños y Adolescentes
(2015-2019), del Organismo Judicial, en Guatemala, y la campaña Más Unidos, Más Protegidos, cuyo objetivo es la erradicación de todo tipo de violencia contra
los menores de edad, en especial la violencia sexual, y que se viene impulsando desde 2017 en el Ecuador.
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