Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Las medidas listadas son claramente ambiciosas y su cumplimiento está sujeto a numerosos factores,
pues en esencia incorporan características del multilateralismo, a partir de principios del derecho internacional,
la reciprocidad, la cooperación y el diálogo y las negociaciones en muchos ámbitos.
Este conjunto de medidas incluye elementos jurídico-normativos que configuran un marco referencial.
Se trata, en gran parte, de numerosos convenios y otros instrumentos, entre los cuales quedan incluidos la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares y varios convenios de la OIT (por ejemplo, el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores
Domésticos, 2011 (Núm. 189), que ha sido objeto de una expresiva adhesión en América Latina y el Caribe,
si bien hay países de la región que aún no lo han ratificado).
En cuanto a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, en 2016 la República Bolivariana de Venezuela se sumó como el decimoctavo
Estado parte de la región que la ratifica, con lo que la tarea para otros países de la región sigue pendiente 122 .
No obstante, países como Suriname informan sobre la existencia de numerosas garantías y obligaciones
positivas, así como la implementación de políticas migratorias basadas en la protección de derechos, si
bien no brindan claridad en cuanto a definiciones sobre la migración futura, algunas orientadas al apoyo a
descendientes de surinameses en el exterior que quieran contribuir al desarrollo del país. En 2014, Trinidad y
Tabago aprobó una Política Nacional para Abordar las Cuestiones Relacionadas con los Refugiados y el Asilo
y creó una Unidad de Refugiados dentro de la División de Inmigración (CEPAL, 2018b). En febrero de 2017,
Jamaica presentó una actualización sobre los esfuerzos locales que se están llevando a cabo en preparación
para el examen del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus
Familiares sobre la implementación de la Convención en el país. Entre las cuestiones abordadas, figuraba el
trato de los migrantes vulnerables, como los niños y los migrantes irregulares.
La mayoría de los países del Caribe han promulgado leyes para luchar contra la trata de personas, si bien
es necesario seguir trabajando a nivel regional y nacional para resolver este problema. En muchos países
no existe legislación sobre la protección de los refugiados y el asilo, y las cuestiones relacionadas con los
refugiados y los solicitantes de asilo se gestionan de conformidad con políticas o procedimientos operativos
que no proporcionan protección suficiente (CEPAL, 2018b). Los derechos de las personas migrantes objeto de
trata están garantizados en la Constitución de Granada y en sus leyes y, el 16 de mayo de 2014, la Cámara de
Representantes de este país promulgó la Ley de Prevención de la Trata de Personas (Ley 34 de 2014). Antigua
y Barbuda informa que, en 2017, el Departamento de Inmigración creó un grupo de trabajo especializado
integrado por miembros de diversos órganos gubernamentales —entre ellos, un especialista en derechos de
las víctimas y defensor de cuestiones de género— para examinar los casos de trata de personas y diseñar
estrategias de respuesta adecuadas.
La República Dominicana informa del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación
Migratoria Irregular en la República Dominicana (PNRE), implementado en 2013, así como de varias iniciativas
a favor de las víctimas de trata (en 2015 se publicó el Protocolo de Identificación, Asistencia y Reintegración
de Sobrevivientes de Trata de Personas), de asistencia migratoria y consular a la diáspora dominicana y de
asistencia a los dominicanos retornados, entre otras. El país reconoce diversas dificultades para alcanzar las
metas que se propone, como barreras y debilidades institucionales y falta de disponibilidad de información
y recursos. En el informe se indica, además, la existencia de iniciativas relacionadas con la concesión de
permisos de permanencia en el país a estudiantes de nacionalidad haitiana.
México informa sobre su compromiso de implementar una política migratoria con una visión integral y
humana, respetando los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Por ello, el país firmó la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
el 22 de mayo de 1991 y la ratificó el 8 de marzo de 1999. Además, desde el inicio de su implementación
en 2003, da seguimiento e informa periódicamente al Comité de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Entre las medidas legislativas que posee el país para garantizar
122
Véase la Colección de Tratados de las Naciones Unidas [en línea] https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en
[fecha de consulta 18 de marzo de 2018].
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