Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Algunas de las acciones o programas que han implementado los países se describen a continuación.
La Argentina cuenta con el Plan Nacional de Hábitat, cuyo objetivo es universalizar y mejorar el acceso integral
al hábitat en las áreas precarias urbanas y en las localidades más vulnerables de la Argentina, a través de la
provisión de infraestructura básica (agua y saneamiento), de gas natural y electricidad, vehicular y peatonal,
espacio público, equipamiento comunitario, mejoramiento de la vivienda y regularización dominial 135 (Gobierno
de la Argentina, 2018). Guatemala puso en marcha una Política para el Mejoramiento Integral de Barrios,
bajo la conducción del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este instrumento orienta y
facilita la toma de decisiones, la coordinación de acciones y la gestión de recursos para la intervención y el
mejoramiento de los asentamientos humanos precarios. Con todo, estos esfuerzos no han reducido el porcentaje
de población que vive en tugurios, aunque probablemente, si esta política no se hubiese implementado, los
valores serían más elevados (Gobierno de Guatemala, 2017). Chile informa que el Programa Campamentos
inició el desarrollo de 25 planes maestros en territorios de campamentos, con el objetivo de consolidar,
regenerar o potenciar grandes áreas urbanas. Asimismo, se ha ejecutado una cartera de 75 proyectos de
recuperación en territorios de excampamentos, que incluyen la construcción de espacios de uso público
como plazas, centros comunitarios y plazas deportivas, entre otros. En el ámbito del acceso a la vivienda,
el Programa de Habitabilidad Rural y el Programa de Integración Social y Territorial han contribuido también
a una mayor equidad territorial en lo referente a desarrollo y bienestar, al mismo tiempo que han permitido
una elevación del estándar de la vivienda construida con subsidio del Estado en cuanto a urbanización,
localización, superficie, cantidad, uso y distribución de los recintos, así como equipamiento de los conjuntos
habitacionales (Gobierno de Chile, 2018). En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución,
en el capítulo referido a los derechos sociales y de las familias, expresa que toda persona tiene derecho a una
vivienda adecuada y con servicios básicos esenciales. En consecuencia, el Estado prioriza a las familias de
escasos recursos y garantiza los medios para que puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la
construcción, adquisición o ampliación de viviendas (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, 2018).
El Salvador está desarrollando el Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos
Precarios para mejorar las condiciones habitacionales de la población de ingresos bajos y medios (Gobierno
de El Salvador, 2017). En el caso de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial desarrolla
acciones a fin de elaborar políticas de vivienda que se traduzcan en la mejora de la calidad habitacional y
el cumplimiento de los estándares de calidad y los requisitos técnicos de seguridad física, así como en la
construcción de nuevas viviendas, asegurando su adecuación a las necesidades de todas las personas, lo que
se ha reflejado en la construcción de más de 60.000 viviendas de interés social, y desarrollando proyectos
integrales que incluyen la construcción de vivienda, infraestructura, servicios básicos, escuelas y otros aspectos,
para favorecer a la población (Gobierno de Panamá, 2017).
Los países del Caribe informan que se ha llevado a cabo un trabajo sustancial en el campo de las políticas
de vivienda; por ejemplo, Jamaica y Guyana han puesto en marcha estrategias nacionales de vivienda. En 2013,
el Ministerio de Vivienda de Guyana se centró en la promoción de la planificación del desarrollo comunitario
y la ejecución de un programa de mejora de la vivienda en el interior del país, que finalmente se convirtió en
el programa Hinterland Sustainable Housing, cuyo objetivo es mejorar la habitabilidad de las viviendas de las
familias de bajos ingresos en determinadas comunidades del interior, ampliando el acceso a la vivienda, al
agua potable y al saneamiento y fomentando el empoderamiento de las mujeres, puesto que se les brindó
la oportunidad de participar en el diseño y la ejecución del proyecto (Gobierno de Guyana, 2018). La revisión
de la Política y Plan de Implementación Nacional de Vivienda de Jamaica se encuentra en curso. El nuevo
Plan incluirá consideraciones sobre el cambio climático y la mitigación del riesgo de desastres, y abordará
cuestiones como la ocupación ilegal de viviendas. Además, la Política Nacional de Tierras se encuentra en
una fase avanzada de revisión y el Plan Territorial Nacional incluirá un componente de vivienda, con el fin
de abordar la provisión de viviendas, mediante la utilización de políticas y estrategias territoriales. En este
Plan se evaluarán también otros servicios sociales. La Unidad de Gestión de Ocupaciones Ilegales, ubicada
actualmente en el Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo, está elaborando una Política
135
Desde 2016, la Argentina cuenta con un Registro Nacional de Barrios Populares, en el que se registran más de 4.400 barrios populares en ciudades de más de
10.000 habitantes. En estos barrios, más de 3,5 millones de personas viven sin acceso a servicios básicos y no son titulares formales de sus tierras. Esta información
ha permitido sentar las bases para la formulación de políticas públicas coherentes, integrales y sostenibles, tendientes a la integración social y urbana de los
barrios populares (Gobierno de la Argentina, 2018).
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