Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Recuadro III.10
Mecanismos para combatir el racismo: el caso del Brasil y la Defensoría de la Igualdad Racial
En lo que respecta a los crímenes de racismo e injuria racial, la Defensoría de la Igualdad Racial del Brasil es un importante
mecanismo de recepción y seguimiento de denuncias de la sociedad. Todas las denuncias generan procedimientos
administrativos, se agrupan por temáticas y pasan por un proceso de evaluación para, posteriormente, ser dirigidas a
las autoridades competentes. De esta manera, se generan flujos distintos en cada caso, en los cuales la Defensoría
tiene el deber de acompañar los procedimientos adoptados y asegurar el pronunciamiento del Ministerio Público.
Uno de los principales componentes de la Defensoría es “Disque 100”, un canal de comunicación específico para
la recepción de denuncias de violaciones de derechos humanos. En 2016, el servicio incorporó dos nuevos módulos:
uno para denuncias de violaciones contra la juventud afrodescendiente, las mujeres afrodescendientes o la población
afrodescendiente en general y otro para recibir denuncias de violaciones contra comunidades quilombolas, de terreiros
o gitanas y religiones de matriz africana. A pesar de este avance, las denuncias relacionadas con el tema de la igualdad
racial todavía necesitan un canal exclusivo y, en ese sentido, la implementación del “Disque 138” —o “Disque Igualdad
Racial”— sigue constituyendo un desafío para la efectiva acogida y envío de denuncias en este ámbito.
Fuente: Gobierno del Brasil, “Relatório preliminar de acompanhamento da implementação do Consenso de Montevidéu”, Brasilia, 2017 [en línea] https://crpd.
cepal.org/1e/sites/crpd1e/files/presentations/brasil-consenso.pdf.
Otra forma de combatir el racismo son las acciones en territorios donde hay mayor presencia de
afrodescendientes, los índices de violencia son elevados y existen determinados grupos (como los jóvenes)
en riesgo social. Es el caso del Brasil, que en 2012 implementó el plan Juventude Viva. En el ámbito de la
educación, Colombia ha desarrollado cursos de formación en línea y talleres sobre reconocimiento, justicia y
desarrollo de las comunidades afrocolombianas, dirigidos a servidores públicos y a la ciudadanía. Entre otras
iniciativas, pueden mencionarse los mecanismos que reciben denuncias por actos de racismo y acompañan
a las víctimas, proporcionándoles apoyo legal (Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional de)), los observatorios
y plataformas contra la discriminación (Argentina, Colombia y Perú) y la normativa de carácter local (CEPAL,
2017a y 2017b).
Por otra parte, cada vez se otorga mayor visibilidad a las personas y comunidades afrodescendientes en
las políticas y programas de desarrollo nacionales. En la Argentina, entre las acciones del Primer Plan Nacional
de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, se incluye la promoción de la adhesión del Estado al Decenio Internacional de los Afrodescendientes
y de los compromisos ministeriales para visibilizar a estos grupos, así como la implementación de acciones
específicas para lograr dicha visibilización (Gobierno de la Argentina, 2018). En el Brasil, se considera a las
personas afrodescendientes en los planes plurianuales (PPA) desde 2004. Este país informa que se han
producido avances en materia de igualdad racial gracias a la elaboración de las agendas transversales,
incorporadas en el PPA del período 2012-2015, que permitieron explicitar la transversalidad de la política y el
aumento de la relación entre los diversos órganos del Ejecutivo. En el actual PPA (período 2016-2019) se dio
continuidad a los esfuerzos para garantizar la transversalidad de la política de igualdad racial, incorporándola
en 30 programas, 76 objetivos, 67 metas y 191 iniciativas, con el fin de aumentar aún más su efectividad
(Gobierno del Brasil, 2017). En el informe de Costa Rica se señala como ejemplo de buena práctica la
elaboración del Plan Nacional para Afrodescendientes 2015-2018 del Comisionado Presidencial para Asuntos
de la Afrodescendencia, que apunta a responder de manera adecuada a los requisitos y las demandas de este
grupo de población (Gobierno de Costa Rica, 2017).
Colombia reconoce el impacto diferencial que ha tenido el conflicto armado interno en relación con la
garantía de los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas, motivo por el cual se han diseñado
medidas de reparación colectiva, entre las que destaca el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en 2016 por el Gobierno de Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC), que incorpora una perspectiva de diversidad
étnica y cultural y hace referencia explícita a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
El punto 6.2 del Acuerdo se denomina “Capítulo Étnico”, y en él se establece la creación de una Instancia
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