Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
Guatemala, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de), si bien en este último caso depende de la
Vicepresidencia— y, en segundo lugar, de diversos ministerios. La dependencia directa de la Presidencia,
vinculada a una mayor autoridad, puede mejorar su rol coordinador, dotando de mayor eficacia a las políticas
de promoción de la igualdad racial.
Los mecanismos institucionales conforman un mundo en constante proceso de avances y retrocesos,
debido a su sensibilidad a los ciclos económicos y políticos que se suceden con los cambios de gobierno.
Dichos cambios han redundado, en la mayoría de los casos, en su mejora y en el aumento de su estabilidad,
recursos y capacidad de incidencia en las políticas. A modo ilustrativo, puede mencionarse el caso de Costa Rica,
que, con ocasión del Año Internacional de los Afrodescendientes (2011), creó la Comisión Afrocostarricense,
la cual continuó desarrollando actividades durante los años siguientes, hasta que en 2015 se estableció el
Comisionado de la Presidencia de la República para Asuntos Relacionados con la Comunidad Afrocostarricense.
En Panamá, el Consejo Nacional de la Etnia Negra, creado en 2007, fue reemplazado por la Secretaría Nacional
para el Desarrollo de los Afropanameños, en 2016.
No obstante, también pueden producirse retrocesos institucionales, al menos con respecto a sus jerarquías.
En el Brasil, la Secretaría Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR) dependió de la
Presidencia de la República desde su creación en 2003, hasta que en 2007 pasó a depender del Ministerio
de Derechos Humanos. Además, en 2008 había adquirido el estatus de ministerio, que perdió en 2015. En
el Ecuador, la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE), creada en 1998, se integró en el Consejo
Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades por obligación constitucional en 2008, pero el proceso
de transición hasta conformarse dicho Consejo se prolongó hasta 2015 y recibió fuertes críticas desde el
movimiento afrodescendiente, lo que pone de manifiesto un debilitamiento institucional. En algunos casos,
incluso, los mecanismos tienen un carácter casi simbólico y no llegan a funcionar efectivamente o, si funcionan,
carecen de las condiciones necesarias para ejercer un rol coordinador e influyente (CEPAL, 2017a). En Chile,
si bien no se ha creado una institucionalidad específica, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
ha asumido la responsabilidad de gestionar los temas relacionados con la población afrodescendiente,
a través del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de las Culturas y las Artes de
dicho Ministerio.
Respecto a las funciones desempeñadas por estas instituciones, su alcance y ámbitos de actuación
son diversos. Su función primordial es la formulación e implementación de políticas de promoción de la
transversalización de la dimensión racial y los asuntos afrodescendientes en las políticas públicas. Entre otras
funciones, destacan la realización de investigaciones, el otorgamiento de asesoría jurídica gratuita a víctimas
de racismo, el asesoramiento a organismos judiciales, el estímulo de la inclusión del tema en materiales
educativos destinados a los colegios, la promoción de la cultura, el estímulo a la participación en la formulación y
ejecución de políticas, la divulgación de los compromisos del Estado en relación con las normas internacionales,
la promoción de su cumplimiento y el monitoreo de su implementación (CEPAL, 2017a).
En cuanto a las políticas y programas, la mayoría de los países de América Latina que presentaron sus
informes nacionales —en especial, el Brasil— describen la realización de acciones dirigidas a las poblaciones
afrodescendientes, en diversos ámbitos y con diferentes alcances, especialmente en materia de igualdad de
género, educación, cultura, salud y prevención y lucha contra el racismo. Estas acciones son llevadas a cabo
por las instituciones encargadas de estos asuntos, pero también por otros sectores del gobierno y, en varios
casos, en colaboración con dichas instituciones.
En los últimos años, se han implementado en América Latina varios tipos de políticas de prevención y lucha
contra el racismo, desde la elaboración de leyes para prohibir las manifestaciones racistas y tipificar el delito
de racismo, hasta la recepción de denuncias, la creación de observatorios y el desarrollo de capacitaciones
en materia de tolerancia. En la actualidad, 16 países de la región han aprobado legislación que prohíbe la
discriminación racial y la tipifica como un delito que puede ser penalizado con encarcelamiento (CEPAL, 2017b).
Además, en algunos países —como en el Brasil, el Ecuador y Guatemala— se han desarrollado políticas
más integrales para eliminar la discriminación racial y se han establecido mecanismos para la recepción y el
seguimiento de denuncias, como en el caso del Brasil (véase el recuadro III.10).
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