Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Capítulo III
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Asimismo, las mujeres continúan acumulando trabajo remunerado y no remunerado de manera muy
distinta a los hombres, lo que afecta directamente sus posibilidades de ocupar puestos de toma de decisiones
y las deja más expuestas a los efectos de las crisis, no solo frente a los problemas económicos del país, sino
también ante los cambios demográficos en la estructura etaria. Su participación en el mercado laboral depende,
obviamente, de los resultados de la economía nacional, que en algunos países ha incidido de manera positiva
—y en otros no— para disminuir las brechas en la participación. Sin embargo, independientemente de los
resultados de la economía, es necesario valorar el trabajo reproductivo, doméstico y de cuidados, como viene
haciendo un número de países cada vez mayor, a través de las cuentas satélite de trabajo no remunerado.
Esto, además, contribuye a hacer frente a los desafíos del envejecimiento poblacional, que constituye uno
de los retos más grandes para los Estados. En este contexto, hacer frente a las crecientes demandas de
cuidado implica desarrollar servicios públicos de calidad que liberen el tiempo de las mujeres cuidadoras y les
permitan acceder a mejores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, se requiere avanzar en la redistribución
de la carga del cuidado, no solo entre el Estado, el mercado laboral y las familias, sino también en el ámbito
doméstico, entre hombres y mujeres.
En la mayoría de los países, por otra parte, existe una ventana de oportunidades favorecida por la razón de
dependencia demográfica hasta 2035, que, en el caso de avances en la igualdad de género, se ha mostrado
esencial, con la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado. Sin embargo, a
pesar de que las mujeres son la mayoría de la población y registran aumentos significativos en los niveles de
educación, su participación en el mercado laboral con trabajo decente todavía no es igualitaria, ya que a los
problemas de acceso se suman la persistente brecha salarial y la segmentación laboral, incluso en empleos
formales. Es esencial, entonces, aprovechar de manera más amplia el bono demográfico femenino en los
próximos años, contribuyendo a la mejoría de las condiciones de vida de toda la población de la región. Para
la implementación de políticas dirigidas a la ampliación del trabajo decente y la mejora en la productividad, es
preciso abordar los componentes laborales de manera complementaria y coordinada con las demandas de
cuidado, un área crucial para conseguir la igualdad de género.
A los desafíos mencionados se suman los del ámbito de la autonomía física. La violencia de género es
una problemática grave y extendida, que persiste pese a la mayor visibilidad pública, la creciente movilización
ciudadana en los últimos años y las acciones puestas en marcha por los Estados. Dichas acciones, de hecho,
solo ponen de relieve una parte del problema, pues en esta dimensión aún se presenta el gran reto de cuantificar
el problema de manera adecuada. Frente a esta situación, hace falta estandarizar las encuestas de violencia
contra las mujeres y mejorar los registros administrativos, a fin de poder dar cuenta de este persistente
fenómeno. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las acciones de prevención, atención, protección y
reparación de las afectadas. El bienestar de las sociedades latinoamericanas será mayor cuanto menores
sean las brechas de género en todos los ámbitos, y esta reducción de brechas es especialmente urgente en
lo relativo al femicidio, la expresión más extrema de la violencia y la discriminación de género, por la cual se
siguen perdiendo vidas de mujeres por muertes evitables en la región cada día.
Para alcanzar la igualdad de género y la autonomía de las mujeres, como objetivos de las políticas de
desarrollo, es preciso desmontar estructurales sociales que se encuentran en el centro de la desigualdad en
América Latina y el Caribe. Por ello, tanto el Consenso de Montevideo como la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible abordan la igualdad de género no solo como un objetivo específico, sino también como un enfoque
que permea el conjunto de ambos acuerdos, lo que se refleja en las distintas temáticas analizadas en este
informe. Del mismo modo, es necesario un abordaje integral de los distintos ámbitos en que se expresa la
desigualdad de género, a través de acciones públicas coordinadas y sinérgicas que superen las dificultades
que plantea el trabajo intersectorial.
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