Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
2. La situación en relación con las medidas prioritarias sobre
igualdad de género
En la actualidad, las mujeres representan poco más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe.
En 2017, había siete millones más de mujeres que de hombres en la región. Aunque nacen menos mujeres,
en la vida adulta ellas pasan a ser la mayoría de la población debido a la mayor mortalidad masculina. Como
resultado de la mayor expectativa de vida de las mujeres, la población femenina de 60 años o más representa
el 55% de la población regional, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas (2017b) 99 . Aunque en
la región se registran algunas diferencias internas debido, entre otros factores, a las diferentes etapas de la
transición demográfica y al nivel de envejecimiento poblacional de cada país, todos los países presentan una
situación muy similar.
A pesar de que las mujeres constituyen la mayor parte de la población, este hecho no se refleja en los
espacios políticos, económicos y laborales, ni, especialmente, en los puestos de toma de decisiones. Esto
sucede pese a la enorme transformación en la educación, ya que las mujeres han dejado de tener un acceso
muy limitado a este espacio y, en la actualidad, superan la cantidad de hombres en casi todos los niveles,
incluidos los graduados universitarios, en la mayoría de los países (Duryea y otros, 2007; Alves, Cavenaghi y
Martine, 2013). Sin embargo, su presencia en cargos directivos, como el de rectora, es mínima. En este apartado
se busca dar cuenta de tres dimensiones vinculadas a las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo,
que prevé acciones para romper con las barreras que mantienen la desigualdad de género: i) mecanismos
institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad de género, ii) participación en el
mercado laboral y división sexual del trabajo, y iii) violencia de género.
a) Mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo
con igualdad de género
El desarrollo social tiene un efecto notorio en la disminución de las desigualdades de género, aunque
este no es un proceso automático. Las brechas existentes debido a la histórica discriminación de las mujeres
en la sociedad subrayan la necesidad de mecanismos específicos para romper los nudos estructurales de la
desigualdad de género —entre ellos, la desigualdad socioeconómica y la pobreza, los patrones discriminatorios
y la violencia contra las mujeres y la división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado—,
así como para consolidar una democracia paritaria (CEPAL, 2017d). En este sentido, para garantizar que
haya continuos avances y que se eviten retrocesos en esos procesos, es esencial que existan mecanismos
institucionales que puedan establecer marcos legales y políticas públicas con objetivos de igualdad de género,
dotados de las correspondientes asignaciones presupuestarias. Asimismo, es importante la participación de
las mujeres en la formulación e implementación de las políticas, en todos los ámbitos del poder público y en
la toma de decisiones de alto nivel. Por este motivo, varios países —como el Ecuador, México y la República
Dominicana— han integrado un enfoque de género en la planificación nacional, a través de la inclusión de
metas, objetivos o ejes relativos a la igualdad de género en sus planes de desarrollo. También destacan los
esfuerzos por ampliar la acción más allá del Poder Ejecutivo, incluyendo a los otros dos poderes del Estado.
Por ejemplo, en Guatemala y la República Dominicana, existen mecanismos para la promoción de la igualdad
de género en el Poder Legislativo y el Judicial y, en el Paraguay, se creó el Observatorio de Género de la Corte
Suprema de Justicia para generar una base de jurisprudencia con enfoque de género.
Uno de los indicadores de monitoreo de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo que
garantizan mecanismos institucionales para la construcción de políticas de desarrollo con igualdad de género
(medidas prioritarias 47, 48, 51 y 52) es si el país cuenta con sistemas para dar seguimiento a la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer y asignar fondos públicos para ese fin (indicador E.1). Si bien ese
indicador todavía no contiene metadatos, se puede hacer un análisis por aproximación, utilizando la jerarquía
de los mecanismos para el adelanto de la mujer (los mecanismos institucionales que se crearon a partir de la
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La expectativa de vida es el número promedio de años que se espera vivir después del nacimiento.
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