Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
Capítulo III
social indígena ante proyectos de inversión que afectan sus derechos y territorios (CEPAL, 2014) 153 . Desde
2013, Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha realizado misiones
en el Brasil (2016), El Salvador (2013), Honduras (2016), Panamá (2014), el Paraguay (2015) y el Perú (2014). En
todos los casos señala las situaciones de desprotección de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios
y recursos, vitales para su supervivencia y dignidad, lo que genera conflictos y violaciones de los derechos
humanos 154 . Asimismo, solicita a los Estados afrontar estas situaciones con carácter de emergencia. También
los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas evalúan la situación
de los pueblos indígenas y realizan observaciones al respecto. Por ejemplo, en 2018, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales señaló, en sus Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de
la Argentina, su preocupación por la falta de cumplimiento integral en lo referente al relevamiento de las tierras
de las comunidades indígenas y la demarcación y titularización de dichos territorios, así como por la “reiterada
vulneración del derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, en
particular en las actividades extractivas que tienen lugar en las provincias de Jujuy, Salta, Neuquén y Chubut”
(Naciones Unidas, 2018c). Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señala, en
sus Observaciones finales sobre los informes periódicos 23º y 24º combinados del Ecuador, su preocupación
por el “impacto negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, incluidas
la minería y la tala ilegales, en los territorios de pueblos indígenas y afroecuatorianos, que ocasionan daños
irreparables en el medio ambiente y afectan a sus formas tradicionales de subsistencia y de explotación de
la tierra y recursos” (Naciones Unidas, 2017b).
Lamentablemente, en la región se constata un aumento en la criminalización de la lucha de los pueblos
indígenas por la defensa de sus territorios y una militarización de dichos territorios como respuesta a esta lucha,
con efectos devastadores sobre mujeres, niños y niñas indígenas (CEPAL, 2014). Además, hay otros factores
que vuelven más complejos los escenarios de conflicto, acentuando la vulnerabilidad de sus comunidades.
Dos de estos factores son la contaminación y la degradación del medioambiente, que constituyen una grave
amenaza para numerosos pueblos que a menudo viven en tierras marginales y ecosistemas frágiles. Los
pueblos indígenas son, además, los primeros que afrontan las consecuencias directas del cambio climático
debido a su dependencia del medioambiente y de sus recursos, lo que no solo afecta su propia subsistencia,
sino que también erosiona sus culturas y sus estructuras tradicionales de gobierno.
La nueva realidad de crecimiento de las industrias extractivas ofrece oportunidades, pero también riesgos
y desafíos, para los pueblos indígenas y los países de la región. En consecuencia, uno de los principales
retos radica en la integración de los derechos de los pueblos indígenas en un nuevo modelo de gobernanza
de los recursos naturales. Si bien en la última década se ha avanzado en el empoderamiento de los pueblos
indígenas para la defensa y protección de sus territorios, se requieren acciones de fortalecimiento de estos
procesos, centradas en el desarrollo de modelos económicos de manejo territorial sostenibles, para ofrecer
a los Gobiernos propuestas concretas que puedan ser alternativas viables y beneficiosas para los propios
pueblos y para la sociedad en general.
4. El derecho a la salud y a una vida libre de violencia
Las medidas prioritarias 87 y 89 del Consenso de Montevideo se refieren al derecho a la salud y a una vida
libre de violencia. Para los pueblos indígenas, el bienestar y la salud equivalen a la coexistencia armoniosa
entre los seres humanos y la naturaleza, entre ellos y con otros seres, en la búsqueda del buen vivir. El
concepto indígena de salud articula elementos físicos, mentales, espirituales y emocionales, tanto desde el
punto de vista de las personas como de las comunidades, e involucra componentes políticos, económicos,
153
En el informe nacional de Guatemala se establece que, de acuerdo con la sociedad civil, el país “no cuenta con unidades específicas o protocolos que consideren
los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la implementación de industrias extractivas y otras inversiones a escala global, por lo que un aproximado
de 90% de los conflictos territoriales se generan por la falta de consulta sobre el uso de sus territorios. Se desconoce, asimismo, la Ley de Protección del Medio
Ambiente y la afectación ambiental de los proyectos extractivos” (Gobierno de Guatemala, 2017).
154
Véanse los informes de países elaborados por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, sobre la base de las misiones nacionales [en línea]
http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CountryReports.aspx.
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