Proceso agrario en Bolivia y América Latina

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LAUREANO DEL CASTILLO PINTO
ciales, se formaron un poco más de 600 cooperativas agrarias
de producción. En la sierra, donde no había condiciones para
formar cooperativas se optó por constituir Sociedades Agrícolas
de Interés Social (SAIS), un modelo más flexible, pero al
que complementariamente se aplicaba la Ley de Cooperativas.
En aquellos lugares de la sierra donde no había condiciones
para formar cooperativas o SAIS se hizo la adjudicación a Grupos
Campesinos (originalmente llamados grupos de campesinos),
definidos como modalidades transitorias de adjudicación
que luego debían convertirse en cooperativas agrarias.
En el caso de las comunidades campesinas es claro que
éstas no eran una forma privilegiada por la reforma agraria 8 .
Como se ha dicho, su participación del total de tierras adjudicadas
era menor, pese a su importancia, su historia y la ventaja
de constituir una organización cohesionada. Aunque no fue
dicho en ningún discurso oficial, los militares parecen haber
entendido a las comunidades como una suerte de lastre, como
una organización tradicional sin condiciones para constituir
una base de la modernización del campo. Esto es lo que puede
explicar que en 1970 se les impusiera‘–a través del llamado
Estatuto Especial de Comunidades Campesinas– la modificación
de su organización interna por otra, tomada prestada del
modelo cooperativista, con un Consejo de Administración y
un Consejo de Vigilancia.
Los propios mecanismos puestos en práctica por el gobierno
militar debilitaron las posibilidades de las empresas
asociativas agrarias creadas durante la reforma para llegar a
constituirse en generadoras de riqueza. Por el contrario, como
se ha dicho, vía controles de precios internos, limitando las
reinversiones, condicionando el crédito agrario, derivando
excedentes hacia otros sectores vía la carga tributaria y la deuda
agraria que debían honrar los campesinos, en los años finales
de la década de 1970 éstas entraron en una grave crisis. A
8 En 1982 se estimaba que sólo el 17% de las comunidades campesinas
reconocidas oficialmente fueron adjudicatarias de tierras.