Proceso agrario en Bolivia y América Latina

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BIENVENIDO ZACU
realizada por los pueblos indígenas; liderada, inicialmente,
por los indígenas del Beni y convertida luego en movilización
nacional.
Pero es con la segunda marcha de 1996 –Marcha por el
Territorio, los derechos de Participación Política y el Desarrollo–
con la que se consigue la aprobación de la Ley del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA). La mencionada ley –
del 18 de octubre de 1996)– acabó por aceptar explícitamente
el tan resistido concepto de territorio indígena, mencionado
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Así, la Ley INRA, tipificó la nueva figura local de
propiedad en TCO y estableció dentro de éstas, la vigencia de
los usos y costumbres de cada grupo étnico, como mecanismo
interno de gobierno y de toma de decisiones.
Para esta reivindicación territorial nos amparamos en el
Convenio 169 de la OIT y en su disposición principal sobre los
derechos a la tierra, mediante la que se exige que los estados
reconozcan el derecho propietario de los pueblos indígenas
sobre las tierras que poseen o que tradicionalmente ocupan.
En base a este convenio, podemos exigir al gobierno el establecimiento
de medidas disuasivas dirigidas a evitar que ciudadanos
no indígenas, aprovechando el desconocimiento de
las leyes nacionales por parte de los pueblos indígenas, invadan
nuestras tierras sin autorización previa.
La aplicación de la Ley INRA no fue tan favorable a los pueblos
indígenas de las tierras bajas. A siete años de su
promulgación podemos evaluarla mencionando distintos rasgos
negativos: institucionalidad politizada, ineficiencia y retraso
en el proceso de saneamiento y titulación, parcialidad con los
sectores dominantes, falta de voluntad política del gobierno para
la titulación de las TCO y, por último, ausencia de conocimiento
de la legislación agraria por parte de los pueblos indígenas.
La CPESC, frente a esta situación, siente la necesidad de la
reinstitucionalización del INRA y de crear mecanismos de control
social y fiscalización. Por otra parte, considera fundamental
alcanzar procesos de consenso entre los distintos sectores