LAS RAZONES DEL DERECHO Teo rías de la ar gu men ta ción ju rí di ca

LAS RAZONES DEL DERECHO 215
2. Criterios de corrección
Ahora bien, un método para representar adecuadamente procesos de
argumentación es algo bien distinto al establecimiento de los criterios que
deban usarse para juzgar su corrección. En mi opinión, uno de los mayores
méritos de la teoría estándar de la argumentación jurídica es haber
contribuido notablemente a la elaboración de este tipo de criterios, que
—como ya se ha visto— tanto en el caso de MacCormick como en el de
Alexy se condensa en la noción de racionalidad práctica. Sin embargo,
dicha noción —como me parece que ha quedado puesto de manifiesto en
la discusión anterior a propósito de la obra de ambos autores— resulta
aún insuficientemente desarrollada. La objeción fundamental que se les
puede dirigir es que los criterios de racionalidad práctica son exclusivamente
criterios mínimos que sólo permiten descartar como irracionales
determinadas decisiones o formas de argumentación. Pero el problema
estriba en que, en relación con los casos difíciles, lo que suele ocurrir es
que las diferentes soluciones en presencia (por ejemplo, las defendidas
por los diversos órganos jurisdiccionales que se han pronunciado sobre la
cuestión, o las representadas por la opinión mayoritaria y minoritaria [cfr.
Ezquiaga, 1990, sobre la institución del voto particular y el estudio introductorio
de J. Igartua] dentro de un mismo órgano) pasan ese test de racionalidad.
Esto es lo que parece ocurrir, por ejemplo, con el caso que
estamos analizando y con las dos —o tres— soluciones propuestas al
mismo por los órganos jurisdiccionales y por la doctrina jurídica, a saber:
1) la administración debe alimentarles por la fuerza cuando existe grave
riesgo para su salud; 2) la administración sólo puede alimentarles cuando
los presos hayan perdido la conciencia (pues entonces ya no se fuerza su
voluntad); 3) la administración no puede alimentarles por la fuerza ni siquiera
en el supuesto anterior. Ahora bien, el que en la vida jurídica se
presenten este tipo de situaciones no puede justificar como correcta la decisión
—o la argumentación que lleva a ella— de la autoridad competente,
del órgano jurisdiccional supremo o de la mayoría de los miembros de
este, con tal de que se haya producido sin vulnerar los límites fijados por
la racionalidad práctica así entendida. La solución dada al caso de los
Grapo por el Tribunal constitucional es, desde luego, definitiva, en el sentido
de que no es ya recurrible y vincula a los tribunales y a los órganos
de la administración, pero simplemente por ello no hay por qué considerarla
como correcta. No hay por qué descartar que la solución correcta