if08-09 - Asamblea Legislativa

La protección integral de los niños,
niñas y adolescentes ante el flagelo de
la adicción a las drogas: una prioridad
de la seguridad humana
I.
“Muchas veces se cae en estas miradas, cuando no se
busca conocer y comprender a la infancia y la adolescencia,
sino controlarla; cuando se culpabiliza fuertemente a la
familia y no se abre la mirada a las multicausalidades que se
desencadenan de un sistema excluyente y violento; cuando
pretenden tapar y acallar los conflictos propios de las etapas
de la niñez y la adolescencia”
Chaves Jimena, La intervención social en niñez,
adolescencia y familia, http://www.portalcosta.com.ar/
margen/curso8-5/ej3_chaves.doc
Introducción
Mediante la adopción de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CDN), en el año 1990,
Costa Rica se sumó con entusiasmo al concierto de
naciones que decretaron, ante la comunidad internacional
y nacional, el firme compromiso de asumir la
Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes
como un pilar fundamental en la construcción de la sociedad
y del reconocimiento de las personas menores
de edad como sujetos de derechos. Además del contenido
ético de esta proclama, este compromiso significa
para los Estados la obligación ineludible de promover,
garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas
y adolescentes a partir de cuatro principios fundamentales:
el principio de no discriminación, el principio del
interés superior del niño, el principio de participación y
el derecho a la vida, al desarrollo y la supervivencia.
La protección integral de la persona menor de edad,
reconoce la condición de desarrollo en que ésta se encuentra
y demanda la acción clara y firme del Estado
y la sociedad, en procura de garantizar su dignidad y
el desarrollo de sus potencialidades mediante la disposición
de oportunidades para todos los niños, niñas y
adolescentes por igual; y conforme con sus particularidades
y necesidades propias.
Esta responsabilidad estatal conlleva tanto una adecuación
de la normativa nacional al nuevo paradigma,
como la construcción de un sistema de protección
integral que armonice dicha normativa con la institucionalidad,
la articulación de los sectores, la participación
de los niños, niñas y adolescentes, la consideración
de las amenazas existentes, los recursos, las metas
del país y el efectivo cumplimiento de los derechos de
esta población. No se trata de una tarea sencilla; sin
embargo, conforme con la CDN, los Estados deben
empeñar sus mayores esfuerzos, incluso de orden
presupuestario, para atender esta obligación.
En el marco de sus competencias, la Defensoría de los
Habitantes conoce e interviene en aquellas situaciones
en las cuales se violentan los derechos de esta población
sea por acción, omisión o resultado por parte de
las instituciones públicas responsables de garantizar
esa protección integral. Distinta y de diversa naturaleza
es la forma en que se manifiestan estas violaciones,
considerando que el común denominador es el estado
de vulnerabilidad en que se encuentra la persona menor
de edad y la vejación a su dignidad como persona.
Adicionalmente, casi dos décadas después de haberse
ratificado la CDN, aún persiste, particularmente en