if08-09 - Asamblea Legislativa

Seguridad Humana y
La Contralorías de Servicio
“El miedo nos quita la libertad. Sin libertad se pierde la
dignidad y la justicia.
Con ello se pierden los derechos.”
Francisco Rojas Aravena
Secretario General, FLACSO
En este capítulo se procederá a integrar las funciones
que desarrollan las Contralorías de Servicios, a la luz
del concepto de Seguridad Humana, visualizada no
sólo desde la óptica del Estado, sino desde la óptica
de las y los, a partir de su dignidad humana y desde la
protección y disfrute de todos los derechos humanos.
Por ello, sabiendo que la persona humana es la razón
de ser del Estado, de las instituciones que lo componen
y por ende de las Contralorías de Servicios, como
entes contralores de la prestación de los servicios que
las instituciones brindan, se debe velar por el cumplimiento
efectivo de la legalidad y procurar su mejora
continua; imperativos para enfrentar los cambios vertiginosos
que el siglo XXI demanda.
El concepto privilegia la primacía de los derechos
humanos, que es precisamente lo que lo distingue
de la seguridad Nacional centrada en los Estados. La
seguridad humana implica, no sólo la protección de las
personas, sino su empoderamiento para que puedan
valerse por sí mismas. Es por ello que dentro de la misión
esencial de las Contralorías de Servicios, se debe
proteger la seguridad de las y los a la hora de demandar
los servicios del Estado, para que éste responda
de manera eficiente, eficaz y al mismo tiempo, basado
en el buen trato que permita resguardar la dignidad de
las personas.
No cabe la menor duda de que la seguridad es un
derecho humano y como tal, una condición inherente
a la persona humana, la cual le permite desarrollarse
plenamente en todos los campos de su vida, sin distinción
de edad, grupo étnico, sexo, nacionalidad, clase
social, económica e ideológica. Este concepto obliga
a las Contralorías de Servicios a promover el diseño
de políticas públicas que hagan viable y garanticen las
demandas de las y los en el campo de la prestación de
los servicios públicos para que éstos sean eficientes,
eficaces y se brinden en forma equitativa, igualitaria y
transparente. Implica también el mejoramiento continuo
de la gestión pública, preocupación que despierta
el interés de amplios sectores de la vida nacional y
donde la Defensoría de los Habitantes ha enfocado
sus esfuerzos desde su creación.
Por su parte, las y los muchas veces miran con gran
expectativa, aunque otras tantas con desilusión que
sus demandas son desatendidas y que ello afecta su
derecho de una mejor calidad de vida. Y es allí donde
se vinculan las vulnerabilidades de algunos sectores
de la población con la seguridad humana y ésta, con
las debilidades del sistema democrático, cimentado
muchas veces sobre instituciones que no han sido capaces
de asumir la responsabilidad del mejoramiento
continuo de la gestión del Estado como parte importante
de la agenda pública.
Ese mejoramiento continuo implica mejorar los espacios
de atención y servicios para las personas,
escuchándolas y conociendo sus necesidades. Las
y los de nuestro país deben de tener a su disposición
estas instancias fortalecidas, en donde tengan la
oportunidad de participar tanto en el criterio como en la
evaluación de las políticas públicas y conocer sobre la
rendición de cuentas de las diferentes instituciones, lo
que ayudará a fortalecer la confianza en las instituciones
públicas del país, mediante la apropiación masiva