if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo II: Informe de Gestión Dirección de Protección Especial 205
5. Haciendo valer el Derecho de Defensa de las
Personas Privadas de Libertad
La Defensoría de los Habitantes recibió varias denuncias
36 contra la Dirección de la Unidad de Pensiones
Alimentarias debido a que no les permitía a los
apremiados corporales enviar vía fax las apelaciones
o cualquier otro trámite que debieran realizar
ante los Juzgados respectivos, referente al proceso
alimentario.
Se logró determinar por medio de las investigaciones
respectivas, que dicha decisión había sido tomada
alegando que el fax era para uso exclusivo de la
Institución, y que era un gasto de recursos enviar documentos
vía fax cuando la mayoría de las veces al
apremiado corporal se le imposibilitaba presentar el
original del mismo en forma personal dentro de los tres
días siguientes ante los respectivos Juzgados, según
lo establecía la ley.
Al respecto, esta Defensoría consideró que se les estaba
violentando el derecho de defensa, máxime que
se encuentran en condición de vulnerabilidad, por su
situación de personas apremiadas corporales y privadas
de libertad, lo cual les imposibilita presentar los
documentos personalmente ante los Juzgados, y muchas
veces les resulta difícil que otra persona pueda
ayudarles a hacerlo, por lo que la única manera con la
que cuentan para entregar sus solicitudes y/o recursos
es precisamente la utilización del fax.
La Defensoría le recomendó a la Dirección General de
Adaptación Social que adoptara las medidas administrativas
necesarias para garantizar el acceso a la justicia
de las personas privadas de libertad, para lo cual
resulta necesario que los Centros Penitenciarios les
permitan remitir por fax solicitudes o recursos ante los
diferentes Juzgados 37 . En acatamiento dicha Dirección
emitió una Circular 38 mediante la cual se les ordena a
todos los Directores de Centros Penitenciarios que
faciliten el uso del fax a la población privada de libertad
como parte de los trámites de defensa ante los
Juzgados.
los Habitantes.
36 Corresponde a los expedientes No. 34197-2009-SI y 34305-
2009-SI de la Defensoría de los Habitantes.
37 Corresponde al expediente Nº 34197-2009-SI resuelto mediante
Informe Final oficio Nº 02568-2009-DHR del 13 de marzo del 2009.
38 Corresponde al memorando Nº DG 011-2009.
6. Personas en Situaciones de Pobreza e
Indigencia
La carencia de los recursos económicos necesarios
para acceder a los bienes y servicios esenciales conlleva
la vulneración de todos y cada uno de los componentes
de la Seguridad Humana. De esta forma, la pobreza
y, en particular, la condición de pobreza extrema
es el resultado más claro de la incapacidad del Estado
y de la sociedad para garantizar la seguridad integral
de sus integrantes.
Desde este enfoque integral, el abordaje de la pobreza
no debe limitarse a una visión económica que apueste
al mercado como única opción para su solución, pues
con ello se invisibilizan los factores estructurales que
vulnerabilizan a determinados grupos poblacionales;
negándoles el acceso a las oportunidades y, por consiguiente,
relegándolos a los trabajos de menor remuneración,
al subempleo o, abiertamente, a la mendicididad
y a la indigencia. Por ello, en su abordaje, tienen
una importancia medular las políticas estatales que
procuren cambios estructurales, no sólo en el ámbito
económico, sino también en el social y el político. Sólo
de esta forma es posible garantizar la permanencia y
reinserción de los grupos poblaciones vulnerabilizados
o excluidos.
En los últimos gobiernos la política social ha consistido
en la asistencia focalizada a determinados grupos
poblacionales y se ha relacionado con el acceso a
determinados servicios. Estas políticas, aunque importantes,
no han sido capaces de estimular los cambios
estructurales indispensables para revertir los procesos
de vulneralización social que ocasionan la pobreza. En
relación con la insuficiencia de estas políticas, durante
el año 2008 se continuó el seguimiento al proceso
de ordenación y titulación en el asentamiento La
Carpio. Asimismo se tuvo conocimiento sobre la
dilación en los procesos de aprobación de los programas
de rehabilitación para la población fármacodependiente
por parte del Instituto sobre Alcoholismo y
Fármacodependencia (IAFA).
7. La “indigencia” de las instituciones
encargadas de atender la indigencia
La acumulación de condiciones de vulnerabilidad en
una persona puede llegar a derivar en su expulsión del
grupo social, colocándola en una situación de total incapacidad
para satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación, vestido, alojamiento e higiene personal.
Esta condición extrema es la que se identifica como
indigencia.