if08-09 - Asamblea Legislativa

336 Defensoría de los Habitantes
Informe Anual de Labores 2008-2009
y adolescentes, cuando el ejercicio de la autoridad
parental violenta sus derechos. Mientras que el
segundo, activa los mecanismos legales necesarios
para brindar protección a las personas menores
de edad afectadas. Procesos que en algunos
casos bajo la intervención del CEINA/HNN no son
atendidos en tiempo, poniendo en riesgo la salud
y la vida de algunos niños y niñas.
La Defensoría de los Habitantes coincide con
las autoridades del PANI en cuanto a que las resoluciones
de las medidas de protección deben
ser “debidamente fundamentadas, congruentes,
proporcionales, coherentes y consistentes con la
situación presentada, de manera que el acto administrativo
no incurra en arbitrariedad, siguiendo
el debido proceso, y en correspondencia con las
garantías procesales y sustantivas del Código
de la Niñez y la Convención sobre los Derechos
del Niño. La decisión que se adopte debe estar
debidamente motivada con argumentaciones pertinentes
y oportunas, relacionadas con los hechos
debidamente acreditados en autos.” Sin embargo,
el criterio técnico que sustenta esas resoluciones,
no siempre están en correspondencia con los
principios rectores de la protección integral y los
derechos que se deben observar, entre ellos, el
principio del interés superior del niño, lo cual ha
justificado, en diversas ocasiones, la intervención
de la Defensoría de los Habitantes en procura de
garantizar su exigibilidad y eficacia, como se ha
dado cuenta al PANI, en distintos casos específicos
que se han conocido.
El ejercicio de la autoridad parental y los derechos
de la niñez y la adolescencia: una relación fundamental
en la protección integral.
Con la entrada en vigencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989), se genera un cambio sustancial
en la realidad jurídica y social de las personas
menores de edad, que obliga al Estado y a sus instituciones,
así como a la familia y a la comunidad en general,
a asumir una concepción diferente de los niños,
niñas y adolescentes en su conjunto y, de manera muy
particular, de quienes se encuentran en circunstancias
especiales, debido a que sus derechos son vulnerados
con mayor recurrencia.
Es así, como se gesta un movimiento mundial que
cambia sustancialmente el concepto de niño/niña; generando
una construcción social que reconoce y legitima
sus necesidades y derechos propios. De tal forma,
que los niños, niñas y adolescentes se convierten en
“sujetos activos y plenos de derechos”, dando paso a la
llamada “Doctrina de la Protección Integral”; perspectiva
que anula la imagen y concepción de “menor como
objeto de compasión-represión” para convertirlo en el
niño, niña y adolescente, sujeto pleno de derechos “...
sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus representantes legales” 29 . Asimismo,
como país se asume el compromiso de adoptar todas
las medidas apropiadas para garantizar que el niño/a
sea protegido contra toda forma de discriminación o
castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres,
tutores o familiares.
Ese cambio doctrinal, constituye una transformación
en favor de las personas menores de edad, que marca
una verdadera ruptura en la historia de su condición jurídica
y social, donde se debe comprender y aprender
a respetar su protagonismo, como sujetos activos de
su vida, sujeto de derechos y actores de la sociedad.
Esto compromete y obliga a los Estados a realizar
cambios en las estructuras organizacionales, en la
forma de entender y actuar que asumen las personas
adultas y en mejorar las formas para atender a la
niñez y la adolescencia. Significa también, introducir
nuevos conocimientos, modificar valores, actitudes,
habilidades y destrezas de trabajo, para que sean
compatibles con las prácticas basadas en la doctrina
de la protección integral, que se sustenta en un enfoque
de derechos.
La protección integral de las personas menores de
edad se fundamenta en principios generales tales
como la seguridad humana, el desarrollo integral, la
unidad familiar, la autoridad parental, la responsabilidad
de la comunidad y del Estado en la protección de
los derechos de la niñez y la adolescencia. Esa protección
integral también se rige por principios particulares
como el interés superior, la prioridad absoluta, la
participación activa, la no discriminación, la autonomía
progresiva y la discriminación positiva. Es así, como
estos principios deben estar presentes y en armonía
con el proceso evolutivo de los niños y niñas –biológico,
psicológico, emocional/afectivo, cognitivo, social y
espiritual- incluyendo el período prenatal.
29 Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 7184 del 09 de
agosto 1990, art.2.